El trasfondo detrás de las instalaciones destinadas al cultivo de cannabis en el predio estatal de El Remate, en Palpalá, denominado por la oposición como "Cannava 2" o "la marihuanera 2", continúa sumando cuestionamientos en el plano legal y operativo. La dirigente Cristina Guzmán volvió a poner la lupa sobre la falta de resoluciones oficiales que respalden las actividades en dicho terreno, advirtiendo sobre las severas implicancias penales que conlleva la ausencia de habilitaciones en predios públicos.
"En El Remate no hay ninguna resolución y es gravísimo": Cristina Guzmán volvió a cargar contra Cannava 2
Sin resoluciones oficiales que la respalden, sin garantías de trazabilidad y con una preocupante falta de seguridad que desató la indignación en Palpalá, la "Cannava 2" vuelve al centro del debate. La dirigente Cristina Guzmán volvió a cargar contra el avance del Ejecutivo en la finca estatal El Remate, un terreno de todos los jujeños donde ya se montaron cinco naves de cultivo pero sin exhibir autorización legal alguna.
Guzmán fue contundente respecto a la falta de trazabilidad y el vacío administrativo que rodea al predio donde ya se montaron cinco naves de gran envergadura: “No hay ninguna resolución de ningún organismo nacional que mencione la finca El Remate. Esto es gravísimo”, sostuvo, remarcando que, a diferencia de lo que ocurre con Finca El Pongo, para este sector no existe documentación pública que acredite las autorizaciones correspondientes. En ese sentido, lanzó una advertencia directa sobre las consecuencias jurídicas de la irregularidad: “Si no hay una autorización, esto podría configurar un delito grave”.
Las contradicciones sobre el uso de la tierra pública
El planteo de la dirigente vuelve a exponer un interrogante clave sobre la logística gubernamental. La provincia ya cuenta con un predio formalmente aprobado de 260 hectáreas en Finca El Pongo (sobre las más de 10.000 hectáreas que componen la finca), del cual actualmente solo se utilizan alrededor de 35 hectáreas para plantaciones.
Frente a esta disponibilidad de espacio habilitado, Guzmán cuestionó los motivos por los cuales el Ejecutivo decidió desplegar una infraestructura con proyección de 2 millones de semillas en un inmueble estatal de Palpalá sin exhibir los permisos previos: “Si el Gobierno tiene un predio aprobado de 260 hectáreas para el desarrollo, ¿por qué estas plantaciones no las ponen en la misma Finca El Pongo?”.
Furia en Palpalá y fallas en la custodia
La situación no solo genera ruido en el ámbito institucional, sino que también desató un profundo malestar entre los residentes de la zona. “Esto está generando bastantes enojos en el departamento de Palpalá”, señaló Guzmán, vinculando el descontento a la incertidumbre sobre el destino de la producción y a las fallas en la custodia del lugar. Según advirtió, la precariedad en el esquema de seguridad de El Remate es tal que "se puede sacar lo que sea del lugar".
Para dimensionar los riesgos de la falta de control estricto sobre el cultivo de cannabis en la región, la referente recordó el precedente sentado en 2022 en la finca Los Chalchanios, ubicada en el límite entre Jujuy y Salta, donde se desmanteló la plantación de marihuana más grande del país en una causa que terminó con 11 personas condenadas.
Sin resoluciones a la vista que otorguen certeza sobre la trazabilidad del material genético y las cosechas en Palpalá, la controversia sobre El Remate se consolida como un foco de opacidad oficial que trasciende el debate sobre el cannabis medicinal para asentarse de lleno en el terreno de la legalidad y el manejo de los recursos del Estado.