El poder sin límites ha vaciado la democracia en Jujuy

En la provincia se están reiterando episodios graves que afectan severamente la institucionalidad. Los hechos ocurridos en La Quiaca, distrito donde gobierna el converso Dante Velázquez, muestran cómo dos concejales elegidos por el pueblo no pueden asumir sus cargos. Se trata de un atropello a la voluntad popular y de un atentado contra la democracia.

Lo mismo ocurre en Ciudad Perico, donde el Concejo Deliberante acordó interpelar al intendente Rolando Ficoseco por supuestos hechos de corrupción y, mediante una nota, el jefe comunal declaró nulo el pedido de los representantes de los ciudadanos. Otro acto que debilita el funcionamiento democrático.

También resulta alarmante que, después de años de reclamos por tarifas eléctricas usurarias y cortes permanentes, diputados provinciales recién decidan reunirse en comisión y realizar pedidos de informes, como si desconocieran la situación. Esa desconexión con la realidad —o subordinación al poder y no a la ciudadanía— representa una distorsión institucional que también atenta contra la democracia.

Estos son hechos recientes, pero las atrocidades vienen ocurriendo desde 2015. Cuando el poder político comienza a resistirse a los límites, controles y reglas esenciales de la democracia, lo que aparece no es solamente un problema institucional abstracto, sino una degradación concreta de la vida cotidiana.

La democracia no consiste únicamente en votar cada cuatro años. También implica división de poderes, independencia judicial, libertad de prensa, organismos de control autónomos, transparencia administrativa y posibilidad real de alternancia. Cuando esos mecanismos empiezan a debilitarse, el poder deja de sentirse administrado por representantes y comienza a percibirse como una estructura cerrada que se protege a sí misma.

Las causas de este fenómeno son múltiples. Entre ellas, la construcción prolongada de sistemas políticos basados en la dependencia económica y laboral del Estado. En economías frágiles y sin inversión privada, el empleo público se convierte en una herramienta de disciplinamiento social y político. Mucha gente depende directa o indirectamente del poder para conservar ingresos, y eso reduce la capacidad de resistencia. A esto se suman las causas armadas y un código contravencional cuestionado por sus abusos y sospechas de corrupción.

Por otra parte, la pulverización de los organismos de control mantiene a la democracia apenas en su apariencia formal, pero vaciada de contenido real. En una democracia sana, las instituciones existen precisamente para impedir abusos cuando aparece la tentación autoritaria.

Imaginemos el tablero de un inversor observando los escándalos institucionales y las arbitrariedades cometidas en Jujuy durante los últimos años. Claramente, ese escenario desalienta inversiones y generación de empleo, mientras profundiza la dependencia económica del Estado.

Además, la concentración de poder impacta directamente en la calidad de gestión. Cuando desaparecen los controles, crece la discrecionalidad. El poder sin límites deja de escuchar las voces incómodas y el resultado es el que hoy se observa: obras mal planificadas, prioridades alejadas de las verdaderas necesidades sociales y una creciente frustración colectiva.

En este contexto, asombra un silencio que en otros tiempos habría sido inadmisible. Pero una sociedad silenciosa no necesariamente es una sociedad en paz; muchas veces es una sociedad resignada.

A esta democracia le han quitado la posibilidad de poner límites al poder. Y cuando el poder reemplaza a las instituciones, las consecuencias son inevitables: menos inversión, menos empleo, más dependencia, más desigualdad y más frustración social.