Una convención para el empleo sin empresas y sin empresarios

A propósito, se me ocurre una pregunta elemental: ¿cuántos empresarios asistieron al evento? Seguramente no hay ni habrá respuestas.

Simultáneamente, el presidente de la Unión Industrial de Jujuy, Federico Gatti, pidió certidumbre al gobierno de Álvarez García para las empresas locales, señalando problemas puntuales como el abastecimiento de gas y energía, que complican la producción y los costos, afectando la capacidad de otros sectores para recuperar ventas. Gatti afirmó que ni el RIGI ni el régimen de inversiones de la provincia alcanzan, y agregó que nadie generará puestos de trabajo mientras las condiciones no sean las adecuadas.

Es por eso que le pregunto a Álvarez García: ¿cuántos empresarios asistieron a su distinguida convención?

El problema va más allá de los razonables argumentos de Federico Gatti, ya que cualquier sociedad que aspire a desarrollarse de manera seria y sostenida necesita que la calidad institucional sea tan importante como la economía misma. Muchas veces se discute únicamente sobre impuestos o salarios, pero se deja de lado un aspecto central: la confianza.

La confianza no nace de los discursos políticos, sino de la fortaleza de las instituciones. Cuando la división de poderes se debilita, como pasa en Jujuy, y los organismos de control dejan de actuar con independencia, el mensaje que recibe la sociedad y también el sector privado es delicado. Lo que empieza a percibirse es que las reglas pueden cambiar según la conveniencia del poder político y que los controles no buscan garantizar transparencia, sino proteger intereses propios. Eso genera incertidumbre, y la incertidumbre es uno de los peores enemigos de la inversión y del empleo.

Una empresa no invierte millones sin un análisis previo. Antes de colocar capital, evalúa si existe seguridad jurídica, si la justicia funciona, si las licitaciones son transparentes, si los contratos se respetan y si las reglas serán relativamente estables en el tiempo. En este sentido, me parece que el señor Álvarez García, ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, debería responder si su gestión garantiza las condiciones mencionadas, las cuales exigen las empresas en cualquier parte del mundo.

Ocurre que el empresario local o foráneo percibe que en Jujuy los organismos de control están condicionados, que la oposición está atrapada por la tiranía de las mayorías, y eso le quita poder de control. Automáticamente aumenta la sensación de riesgo, y cuando el riesgo crece, el capital se retrae. Algunos inversores eligen otros destinos y otros deciden permanecer, pero invirtiendo lo mínimo indispensable, sin generar expansión ni nuevos puestos de trabajo.

En sistemas poco transparentes, muchas veces termina prosperando no el más eficiente ni el más innovador, sino quien tiene mejores vínculos con el poder. Y eso destruye la competencia sana: la economía deja de premiar la productividad y comienza a premiar la cercanía política.

En Jujuy, el gobierno radical se encargó de desactivar los controles institucionales para direccionar recursos hacia proyectos políticamente rentables pero económicamente inviables.

La provincia ofrece regiones con enormes recursos naturales y potencial turístico, pero con una dirigencia incapaz de generar empleo masivo y sostenido, porque las prioridades históricamente están puestas en otro lado.

Los países y regiones que más crecen no son necesariamente los que tienen más recursos naturales, sino los que lograron construir instituciones previsibles y confiables.

Cuando una sociedad percibe que las instituciones son sólidas y que hay límites al poder, se anima a invertir, producir y proyectar. Pero cuando se percibe concentración de poder, aparece el miedo a la arbitrariedad y la economía se paraliza lentamente. Este ejemplo sintetiza claramente la arquitectura de poder diseñada y liderada por Gerardo Morales, cuyas consecuencias están a la vista.