Los antecedentes en nuestra historia son elocuentes y pedagógicos. Pensemos en Juan Manuel de Rosas, quien, bajo la "suma del poder público", anuló cualquier contrapeso institucional, gobernando con una verticalidad absoluta hasta que el sistema, asfixiado, implosionó en la batalla de Caseros en 1852. Un siglo después, el primer peronismo diseñó un esquema de similar densidad política que, ante la falta de canales de diálogo con la oposición, terminó fracturando a la sociedad, lo que derivó en el golpe de 1955.
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El poder concentrado en Jujuy anticipa un final traumático
Para entender la crisis de poder que emerge hoy en el seno del gobierno de Jujuy, es imperativo realizar un ejercicio de revisionismo histórico. En esta Argentina de ciclos persistentes, existe una constante que se repite como una advertencia sombría: cuando el poder se concentra en un solo puño o en un círculo hermético, los finales suelen ser traumáticos.
La lección que la historia nos arroja es clara: el poder sin controles se vuelve frágil por su propia rigidez. La democracia, por el contrario, es un sistema de relojería que exige equilibrios, auditorías reales y decisiones compartidas; valores que parecen haber estado ausentes en esta década de gestión radical en nuestra provincia. Al elegir el camino de la concentración absoluta en la figura de Gerardo Morales, el oficialismo ha pavimentado el sendero hacia un caos alimentado por dos factores letales: el miedo interno y una palmaria incapacidad para resolver problemas estructurales.
Hoy nos encontramos con un gobernador que parece rehén de esta herencia. Carece de la personalidad política necesaria para quebrar la inercia y normalizar el ejercicio del poder. Sin equipos propios, con funcionarios que responden a liderazgos externos y sin la autonomía para oxigenar las instituciones, el Ejecutivo se ha transformado en un escenario de pura tensión interna. Esta parálisis no es solo dialéctica; se traduce en una gestión que patina frente a un contexto social dramático, donde la conflictividad en las calles y el deterioro económico no encuentran respuestas creativas, sino meras reacciones defensivas.
Cuando un gobierno se encierra en su propio laberinto de autoritarismo residual, pierde la sensibilidad para leer la realidad de los barrios, las escuelas y los hospitales. La historia argentina se recicla en Jujuy como una tragedia de repeticiones, donde la soberbia del mando único termina chocando contra la pared de una realidad social que ya no admite más dilaciones ni personalismos mesiánicos.
El interrogante que nos queda es, entonces, hacia dónde vamos si quien hoy sostiene la lapicera no tiene el pulso ni la determinación para conducirla con autonomía. El desafío no es solo administrativo, sino de carácter; porque sin una ruptura real con este esquema de obediencia ciega, Jujuy seguirá navegando en un mar de incertidumbres mientras la crisis social golpea cada vez con más fuerza en la puerta de cada hogar jujeño. Queda en nosotros, como sociedad, exigir que el ejercicio del poder vuelva a los carriles del consenso y la institucionalidad antes de que el ciclo de degradación estatal sea irreversible.
Esta lógica de la suma del poder público está vaciando la capacidad operativa de los ministerios, convirtiéndolos en meras oficinas administrativas sin autonomía ni pericia técnica para gestionar eficientemente. Cuando las carteras de Estado pierden su rol técnico y político para transformarse en apéndices de una sola voluntad, el resultado inevitable es la precariedad de los servicios públicos, lo que termina afectando severamente la calidad de vida de cada vecino.
Nos encontramos, nuevamente, con un gobernador que parece rehén de esta herencia. Sin equipos propios, con funcionarios que responden a liderazgos externos y sin la libertad para oxigenar las instituciones, el Ejecutivo se ha transformado en un escenario de pura tensión interna que derrama ineficiencia hacia los hospitales, las escuelas y las rutas.
Esta parálisis no es solo dialéctica; se traduce en una gestión que patina frente a un contexto social dramático, donde la conflictividad en las calles y el deterioro de la infraestructura no encuentran respuestas creativas, sino meras reacciones defensivas de un sistema agotado. Cuando un gobierno se encierra en su propio laberinto de autoritarismo residual, pierde la sensibilidad para leer la realidad de los sectores más vulnerables.
La historia argentina se recicla, en Jujuy, como una tragedia de repeticiones, donde la soberbia del mando único termina chocando contra la pared de una realidad social que ya no admite más dilaciones ni personalismos mesiánicos. Por eso, el interrogante que nos queda flotando es: ¿hacia dónde vamos?, si quien hoy sostiene la lapicera no tiene el pulso ni la determinación para conducirla con autonomía, permitiendo que la burocracia se devore el bienestar de la gente.
El desafío no es solo administrativo, sino de carácter; porque sin una ruptura real con este esquema de obediencia ciega, Jujuy seguirá navegando en un mar de incertidumbres mientras la crisis de gestión golpea cada vez con más fuerza en la puerta de cada hogar jujeño. Queda para la sociedad exigir que el ejercicio del poder vuelva a los carriles del consenso y la institucionalidad antes de que el ciclo de degradación estatal sea irreversible.