El gobierno tiene un conflicto severo con la verdad

Cuando hablamos de la verdad en el ejercicio del gobierno, no estamos ante un valor abstracto o romántico, sino ante la piedra angular que sostiene el contrato social en cualquier democracia saludable. En el esquema de principios de una administración que es señalada por ocultar números del superávit o por la falta de transparencia en las empresas estatales, la verdad parece haber sido desplazada por una "razón de estado" que prioriza la supervivencia política sobre la rendición de cuentas. Si un gobierno promete soberanía energética con proyectos como Cauchari para abaratar costos y el bolsillo del jujeño no lo siente, o si habla de paz social mientras mantiene estructuras de violencia institucional, lo que se erosiona es la confianza, ese capital invisible pero vital.

La mentira en la administración pública no es gratuita; trae consigo la fragmentación de la opinión pública, genera apatía y, lo más grave, instala un cinismo social donde el ciudadano deja de creer que el cambio es posible porque siente que el estado le tiene "fobia" o lo ignora.

De modo que, nos enfrentamos a una gestión de hechos consumados, donde la comunicación actúa como un velo para tapar la ausencia de viviendas o el manejo discrecional de los recursos. En democracia, la verdad es el mecanismo de control por excelencia; sin ella, no hay evaluación posible de la gestión y el voto se vuelve una herramienta ciega. Por eso, cuestionar el lugar que ocupa la honestidad en el desempeño gubernamental es, en última instancia, defender nuestra propia dignidad como comunidad que exige resultados reales y no simplemente promesas que se pierden en el viento de la puna.

Esta es una gestión que parece haber hecho de la post-verdad su manual de cabecera. Cuando un gobierno apela a la mentira de forma sistemática, como ocurre en Jujuy con las promesas incumplidas de Cauchari o el déficit habitacional oculto tras propaganda, no estamos ante errores aislados, sino ante una política de estado diseñada para la supervivencia del poder. Esta "fobia a la verdad" que mencionamos responde a un trauma institucional profundo: la incapacidad de sostener con hechos un modelo que se vende como exitoso pero que, en la práctica, ha profundizado la dependencia y la opacidad.

La mentira se convierte en política de estado porque es la única herramienta que tiene el autoritarismo moderno para intentar cerrar la brecha entre el relato de "paz social" y la realidad de una violencia institucional que solo cambió de forma, pero no de fondo. Este trauma con la verdad surge cuando el dato duro, el número de las empresas públicas que no rinden cuentas o el superávit que nadie ve reflejado en su salario, se vuelve el principal enemigo del funcionario.

Entonces, la administración opta por el ocultamiento sistemático, transformando al estado en una caja negra donde la transparencia es vista como una amenaza directa a la estabilidad del régimen. En este esquema, el ciudadano deja de ser el destinatario de las políticas para convertirse en un obstáculo que debe ser neutralizado mediante la confusión y el ruido mediático.

Esta adicción al engaño genera una desconexión traumática con la sociedad, donde el gobernante ya no puede decir la verdad porque eso implicaría admitir el fracaso de una década de promesas vacías, prefiriendo entonces refugiarse en una realidad paralela construida con pauta oficial mientras el Jujuy real sigue esperando que el estado terminal, por fin, rinda cuentas.