El gobernador y el intendente ¿aliados de la gente o empleados de las corporaciones?

Empecemos por el servicio eléctrico. Resulta inadmisible que en una provincia que se pretende “verde” y vanguardista, la red de EJESA descanse sobre transformadores con más de treinta años de antigüedad. La ecuación que denuncian los usuarios es perversa: para la empresa, resulta más rentable litigar las multas o pagarlas como un costo operativo menor que invertir capital en infraestructura real. Mientras tanto, el usuario queda atrapado en una pinza donde la factura sube por el ascensor y la calidad del servicio baja por la escalera, dejando a poblaciones que crecieron exponencialmente conectadas a una red que apenas respira.

El panorama no mejora al cruzar a la esfera municipal. En el transporte público asistimos a una distorsión total del rol del Estado. El intendente, en lugar de hacer cumplir el pliego de licitación para exigir unidades dignas y frecuencias razonables, termina actuando como un gestor de beneficios fiscales para las empresas. El resultado es doloroso: vecinos viajando en condiciones infrahumanas, en colectivos obsoletos, pagando una tarifa que no guarda ninguna relación con la realidad del servicio.

Si a esto se suma el caso de la recolección de residuos, donde los contratos se renuevan entre gallos y medianoche, eludiendo la competencia de nuevas licitaciones, lo que queda al descubierto es la consolidación de monopolios discrecionales avalados por el silencio oficial.

Esta matriz de permisividad se traslada incluso al manejo de los recursos naturales. El esquema de regalías mineras que percibe el ciudadano refleja una alarmante falta de visión estratégica o, peor aún, una cesión de soberanía económica. Que las ganancias sean desproporcionadas para actores externos y que al Estado jujeño solo le queden migajas es el síntoma final de una gestión que ha confundido lo público con lo propio.

Lo que subyace aquí es la transición de un sistema representativo hacia uno patrimonial. Cuando la dirigencia cree que el Estado es su estancia privada, el concepto de “derrame” hacia la sociedad desaparece y se transforma en un flujo constante de retornos hacia intereses particulares. La tragedia no es solo el bache, el apagón o el colectivo que no llega; la tragedia es la ruptura del contrato social, donde el gobernante deja de cuidar al ciudadano para custodiar la rentabilidad de su socio comercial.

Es hora de que la política jujeña entienda que los servicios públicos no son favores: son derechos. Y que el patrimonio del Estado pertenece al pueblo, no al funcionario de turno.

Nos encontramos frente a una realidad que ha sobrepasado cualquier margen de tolerancia institucional. El reclamo de la calle ya no pide paciencia: exige de manera perentoria que el gobernador y el intendente dejen de ser espectadores de lujo y asuman su rol como verdaderos garantes del bienestar común.

El análisis de la situación actual en Jujuy revela un escenario de límite absoluto, donde la discrecionalidad con la que operan las prestadoras de energía, transporte y recolección de residuos ha dejado al desnudo la inoperancia de los organismos de control. Entes que hoy aparecen como estructuras burocráticas vacías de autoridad y colonizadas por los mismos intereses que deberían fiscalizar.

La legitimidad de origen que otorga el voto popular no es un cheque en blanco para la pasividad. Es una responsabilidad de mando que obliga al Ejecutivo provincial y municipal a ponerse al frente del reclamo social, emplazando sin más dilaciones a empresas como EJESA y a las concesionarias de servicios urbanos para que realicen las inversiones que el crecimiento poblacional demanda.

El colapso del sistema no es una opinión: es el transformador que explota en un barrio, es el vecino que espera horas un colectivo que se cae a pedazos, es la basura acumulada en calles donde la tasa municipal no deja de aumentar. Todo ello conforma un cuadro de hartazgo social que está a punto de transformar la queja vecinal en acciones judiciales de gran alcance.

Si el gobernador y el intendente persisten en esta actitud de permisividad, deben saber que la sociedad ya no señala únicamente a las empresas, sino que empieza a marcar con claridad la responsabilidad política y penal que recae sobre sus hombros, bajo la figura del incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Gobernar es controlar. Es cuidar el patrimonio de todos y asegurar que los contratos se cumplan a favor de la gente y no de la rentabilidad empresaria. Por eso, el silencio oficial frente a la desidia de las prestatarias no es solo una falta de gestión: se percibe como una complicidad que fractura la confianza ciudadana.

La tragedia jujeña de servicios públicos que operan con lógicas de hace treinta años mientras cobran tarifas de primer mundo debe terminar con una intervención política directa. Porque cuando el Estado abdica de su función de control, lo que queda es la ley de la selva, donde el usuario siempre es la presa. Y es allí donde la justicia y la movilización popular terminan teniendo la última palabra, para exigir que la política vuelva a ser representativa y deje de funcionar como un escudo para intereses patrimoniales particulares.