La contundencia de su discurso de asunción y la naturaleza de las medidas presentadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, en tan solo 48 horas de gobierno, reflejan la urgencia y determinación del nuevo mandatario para abordar los desafíos que enfrenta Argentina.
El fulgor inicial y los desafíos inmediatos de Milei
En el fulgor inicial de su gestión presidencial, Javier Milei reconoce la brevedad de su periodo de luna de miel. Consciente de las múltiples urgencias y la limitada paciencia social, Milei no espera cien días para actuar, sino que desde las primeras cien horas busca aprovechar las condiciones objetivas a su favor.
La premura que caracterizó la formación del Gabinete, junto con la imperante urgencia de la situación, resultaron en un conjunto de acciones más que en un plan elaborado. El anuncio, con algunos vacíos por completar en términos de detalles, revela un propósito definido y un sentido que Milei busca instaurar en su administración.
El "cómo" y "cuándo" de la implementación de las medidas aún están pendientes, pero la intención de reducir el déficit fiscal en cinco puntos se presenta como la principal herramienta para abordar la inflación. Aunque algunos economistas previamente consultados por Milei consideraron estas políticas insuficientes y, en ciertos casos, contradictorias con las promesas electorales, la necesidad de calmar las ansiedades fue prioritaria. La inclusión de más impuestos y retenciones, no contemplados en el contrato electoral, generó cierta sorpresa y diluyó las expectativas de una mejora inmediata. El anuncio, sin rodeos ni anestesia, dejó en claro la dureza de las medidas, incluso aquellas que Luis Caputo optó por comunicar de manera más discreta, como la modificación del sistema de actualización de las jubilaciones
En este complejo panorama, el Gobierno anunció con claridad que los próximos meses traerán no solo un aumento significativo de los precios, sino también otros efectos negativos para la economía. La decisión de revertir la eliminación del impuesto a las ganancias para la mayoría de los asalariados formales, aprobada por Milei y la ahora vicepresidenta Victoria Villarruel apenas dos meses atrás, implicará un notable recorte del poder adquisitivo. Esta medida se suma a una inflación pronosticada por Milei en reuniones privadas que podría llegar al 130% en el acumulado de diciembre a marzo.
El escudo de "yo nunca les mentí" o "yo se los dije y me votaron" es el argumento con el que el oficialismo confía en que se acepte este complejo escenario para los próximos meses. La verdad incómoda es que no hubo promesas fáciles ni paraísos inmediatos. "Es ahora o nunca", repiten en la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía, conscientes de que la viabilidad de este momento depende del respaldo político y social que Milei ha obtenido con más de 14 millones de votos.
La dirigencia política, gremial y empresarial, golpeada y fragmentada por el contundente triunfo de Milei, se ve limitada en sus críticas y ofrecen, en los primeros días del nuevo Gobierno, reparos técnicos, cuestionamientos discretos y una condescendencia mayoritaria en público. A pesar de algunas resistencias en sectores más radicales de la izquierda y el kirchnerismo, en la mayoría de los bloques parlamentarios predomina la decisión de acompañar o, al menos, no obstaculizar los proyectos de Milei, a pesar de las objeciones.
Los primeros sondeos indican que el camino legislativo para el Gobierno podría estar allanado en cierta medida, aunque es probable que tenga que hacer concesiones dada su minoritaria representación parlamentaria. Se vislumbra la posibilidad de que el proyecto de ley ómnibus sea desglosado en vagones negociables para asegurar el avance de la carga principal. Lo crucial es avanzar con las medidas clave para enfrentar la crisis.
Este favorable escenario inicial para el Gobierno después de las elecciones se ve influido, en parte, por la configuración del Gabinete, que ha multiplicado las divisiones políticas y sectoriales. Las decisiones en la conformación del equipo ministerial han fracturado aún más a Juntos por el Cambio y han generado tensiones en Pro, afectando también a sectores del peronismo, la iglesia católica y la comunidad judía. La bomba de fragmentación resultante ha exacerbado las divisiones existentes.
En el PRO, la situación es particularmente compleja, dividiendo al partido en tres grupos con posturas diferentes frente al Gobierno de Milei. La falta de consulta y las adhesiones individuales han generado tensiones internas. En el peronismo, se procura disimular las fracturas y mantener una aparente unidad a pesar de las negociaciones individuales en los territorios.
En el Senado, el kirchnerismo demostró su habilidad política al designar autoridades a pesar de las objeciones de algunos sectores. El peronismo también se ve afectado por la inclusión de figuras del cordobesismo, duhaldistas, y otros sectores en el nuevo Gobierno. Aunque algunos llaman al nuevo gabinete un gobierno de unidad nacional, la realidad es que es más un resultado de la necesidad y las debilidades de otros sectores que una estrategia política deliberada.
La falta de armonía y fluidez ha sido evidente en los primeros días del nuevo Gobierno. Las poleas de transmisión en la cima del poder suelen trabarse, y las decisiones en el escalón superior no siempre se traducen de manera clara en acciones concretas en niveles inferiores. La confianza en la buena voluntad de la gente y la pasividad de la dirigencia son aspectos que podrían volverse insuficientes a medida que avancen los desafíos económicos y políticos. La necesidad de acertar con las políticas se convierte en una preocupación clave para el Gobierno libertario.
El inicio del Gobierno de Milei se ve como una ventana de oportunidad para ganar tiempo y prolongar el crédito otorgado por la popularidad del presidente y el descontento generalizado con el resto de la dirigencia. Sin embargo, este crédito no es ilimitado, y la aprobación inicial de las medidas de ajuste propuestas por Milei no implica un cheque en blanco.
Un sondeo cualicuantitativo realizado por Tres PuntoZero y GOP revela que el 63% de los encuestados considera necesario un ajuste, pero el 65,5% de aquellos a favor del ajuste cree que este "no debería afectar a personas como yo".
La aprobación del ajuste está condicionada por la percepción de que debería recaer en otros sectores, como el gasto político, los planes sociales, la obra pública y los subsidios.
A pesar de la necesidad percibida del ajuste, el 61,5% de los consultados cree que la presidencia de Milei traerá mucho conflicto social, principalmente debido al "malestar con las medidas económicas" y a la percepción de que "los políticos intentan poner palos en la rueda". La evocación espontánea de la crisis de 2001 en los grupos focales indica que existe cierta inquietud, aunque el fantasma de esa crisis provoca menos temor que en el pasado.
Un 51% de los encuestados sostiene que la conflictividad social podría evitarse. Sin embargo, la identificación de movimientos sociales y sindicatos como los principales actores e impulsores de la protesta sugiere que la percepción de evitabilidad podría deberse a la baja credibilidad y popularidad de estos colectivos.
El comunicado apresurado emitido por la CGT titulado "El ajuste lo paga el pueblo" advierte que no se quedarán "de brazos cruzados". Sin embargo, según un observador perspicaz del mundo gremial, la amenaza podría haberse matizado con seis palabras adicionales: "como en los últimos cuatro años". El legado de un 180% de inflación anual y un 45% de pobreza durante el gobierno anterior deja al sindicalismo con una legitimidad cuestionable.
En este terreno fracturado, Milei opera y gana tiempo. Los primeros anuncios del gobierno generaron certezas limitadas, dudas sin resolver y preocupaciones renovadas, pero también oportunidades de aprendizaje. Apenas han transcurrido cinco días de su mandato, y todos siguen expectantes ante lo que depara el futuro.