El Excel definitivamente reemplazó la acción del gobierno en el territorio

Lo que estamos viendo en ciudades como Palpalá, en el límite con Alto Comedero y en tantos otros distritos calientes, es la consolidación de un territorio liberado donde la seguridad brilla por su ausencia. La pregunta que surge es si esto es falta de reflejos o una impotencia estructural, especialmente cuando trasciende la desesperación desde adentro de la propia fuerza policial.

Apareció una carta anónima de un efectivo policial con quince años de servicio que circula en redes; es el síntoma de un sistema quebrado: agentes con jornadas extenuantes, recargos constantes y salarios que no cubren la canasta básica, obligándolos, al igual que a los docentes, a volcarse al trabajo “cuentapropista” para sobrevivir.

No se puede pedir vocación de servicio ni eficiencia cuando el que debe cuidarnos está pensando en cómo llega a fin de mes o en el miedo a las represalias por reclamar condiciones dignas. A este malestar se suma el ruido de pasillo sobre una plana mayor disconforme con la conducción política de la Secretaría de Seguridad, creando un combo de parálisis institucional que el Ejecutivo provincial parece mirar con una indiferencia alarmante.

Pareciera que para el gobierno de Jujuy la gestión se reduce a una planilla de Excel y a poses de equilibrio fiscal frente al gobierno nacional, olvidando que el verdadero equilibrio debe darse entre las cuentas públicas y la prestación de servicios esenciales.

Hoy, el tejido social se está destruyendo porque hay un sector de la sociedad sin futuro, empujado por la droga hacia un delito cada vez más violento, mientras el Estado se retrae. Gobernar no es solo ajustar números; es ordenar la sociedad garantizando seguridad, salud y educación, pilares que hoy están en jaque. Con la educación yendo al paro y la seguridad en un peligroso estado deliberativo, las zonas rojas de la provincia arden ante la mirada tecnócrata de quienes confunden administrar un presupuesto con conducir el destino de un pueblo que ya no tiene esperanza.

Esta desatención del Estado no es gratuita y el costo más alto se paga con la aparición de nuevas zonas rojas en el interior de nuestra provincia, donde el abandono institucional actúa como un fertilizante para la marginalidad y el crimen organizado.

Cuando el gobierno se repliega a sus planillas de cálculo, el vacío de poder no queda vacío, sino que es ocupado rápidamente por el narcomenudeo y la violencia territorial que hoy devora barrios enteros en San Pedro, Libertador y los cinturones de Palpalá.

Lo que estamos viendo es una metástasis de la inseguridad que ya no se queda en las capitales, sino que se desplaza hacia localidades donde la presencia policial es apenas un decorado sin recursos, sin patrulleros y con efectivos desmoralizados que ven cómo el delito avanza mientras ellos retroceden.

Estas nuevas zonas críticas no son un accidente geográfico, son el resultado directo de una gestión que confunde ahorro fiscal con deserción de funciones básicas, permitiendo que la droga perfore el tejido social de comunidades que antes eran tranquilas. El peligro de este modelo de "ajuste a ciegas" es que, una vez que una zona se tiñe de rojo por la violencia y el consumo, recuperarla requiere mucho más que una decisión administrativa; requiere una reconstrucción social que el gobierno actual parece no estar dispuesto a encarar. Estamos asistiendo a una fragmentación peligrosa de Jujuy, donde el código postal determina si tenés derecho a la seguridad o si quedás a merced de la ley de la selva, una realidad que arde en el interior profundo mientras en los despachos oficiales se sigue hablando de equilibrio financiero como si las cuentas públicas tuvieran más valor que la vida de los jujeños.

Para revertir este repliegue del Estado en los barrios más críticos de Jujuy no alcanza con parches ni con operativos de saturación que solo duran lo que tarda en irse la cámara de televisión, sino que se requiere una intervención multiagencial que devuelva la ley donde hoy manda el transa. El primer paso urgente es la recomposición salarial y prestacional de la fuerza policial, porque un efectivo que no puede pagar el alquiler es un blanco fácil para la corrupción o, en el mejor de los casos, un trabajador agotado que no tiene reflejos para prevenir el delito en las esquinas de Palpalá o Alto Comedero.

Pero la seguridad no es solo patrullar; es necesario un plan de urbanización social que ilumine las bocas de lobo, que abra calles donde hoy hay pasillos ciegos y que instale centros de atención de adicciones con presupuesto real, no oficinas vacías con nombres pomposos. Hay que romper el aislamiento de las zonas rojas conectándolas con servicios básicos eficientes y con una escuela que no esté siempre de paro por la desidia salarial, recuperando así el rol del docente como referente comunitario frente al avance de la cultura de la violencia.

Si el Ejecutivo provincial no entiende que cada peso que se ahorra en seguridad y educación es un peso que se le regala al crimen organizado, seguiremos viendo cómo el tejido social se desgarra irremediablemente. Gobernar con sensibilidad implica salir del despacho de San Salvador, bajar a territorio y entender que la paz social se construye con inversión, con presencia constante y con la firme decisión política de que no existan ciudadanos de primera y de segunda en el mapa de nuestra provincia.