El Estado debe demostrar qué servicio presta a cambio del dinero de los contribuyentes

Existe un principio básico que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado claro en innumerables fallos: para que una tasa sea legítima, debe existir una contraprestación de servicios real, individualizada y efectiva. No basta con una mención genérica en una boleta; el Estado tiene que demostrar qué servicio está brindando a cambio del dinero del contribuyente. El artículo 17 de nuestra Constitución Nacional protege la propiedad privada y exige que los tributos se ajusten a su verdadera naturaleza. Si el municipio cobra y el servicio no se presta, estamos ante un asalto legalizado, un “impuesto encubierto” que carece de sustento jurídico.

La Corte ha sido tajante: sin servicio concreto, la tasa pierde toda validez. Pero el problema no termina ahí. Además de existir, el servicio debe guardar una estricta proporcionalidad con lo que se cobra. No pueden pretender que el contribuyente financie el déficit fiscal o la ineficiencia burocrática bajo el disfraz de una tasa de alumbrado o de desinfección ambiental.

En una provincia donde la presión fiscal es sencillamente asfixiante, la transparencia no puede ser una opción ni un favor que nos hace la política; es un deber. Es hora de que el ciudadano entienda que tiene el derecho constitucional de cuestionar, impugnar y exigir explicaciones ante cada cobro que no vuelva en forma de luminarias, asfalto o recolección eficiente.

No podemos permitir que el derecho de propiedad sea una letra muerta mientras el municipio utiliza las tasas como una caja de recaudación ciega. Si no hay prestación, no hay obligación de pago que se sostenga ante la justicia. Es momento de despertar y dejar de financiar la inacción estatal. La voracidad fiscal ya no es solo una carga económica, sino un verdadero atropello institucional en la capital jujeña, porque lo que estamos presenciando es el uso del poder de policía municipal como una mera caja de caudales sin rendición de cuentas.

Hay que decir las cosas por su nombre: cuando el municipio desvía los fondos recaudados por tasas específicas para cubrir baches presupuestarios generales o gastos políticos, está incurriendo en una desviación de poder que vicia de nulidad cualquier normativa local. La jurisprudencia es tajante al señalar que la tasa no es un cheque en blanco. Si el costo del servicio es menor a lo que se recauda, o si el servicio es deficiente o inexistente, el municipio se está enriqueciendo sin causa a costa del sacrificio del vecino.

¿Cómo frenamos esta inercia de ilegalidad? El primer mecanismo es la batalla administrativa y judicial, porque el ciudadano no debe olvidar que la “solvencia fiscal” del Estado no puede construirse sobre la “insolvencia constitucional” de sus habitantes. Existe la vía de la acción declarativa de certeza para que la justicia determine si ese cobro tiene sustento, o incluso el recurso de amparo ante la afectación manifiesta del derecho de propiedad. Pero también es fundamental la organización civil para exigir auditorías de costos: el municipio debe transparentar cuánto le cuesta realmente barrer una calle o mantener un foco encendido. Si no hay planilla de costos que respalde la tarifa, la tasa es arbitraria y, por ende, inconstitucional.

No podemos seguir aceptando que nos cobren por servicios “potenciales” que nunca llegan a la puerta de nuestra casa, mientras la presión impositiva nos asfixia. La resistencia fiscal, dentro de los marcos legales, es una herramienta legítima frente a un Estado que ha decidido ignorar los límites que le impone la Corte Suprema.

Es hora de activar las impugnaciones masivas y exigir que cada peso que sale del bolsillo del jujeño vuelva en una contraprestación que se vea, se toque y se sienta. De lo contrario, estamos financiando un sistema que se ha convertido en un fin en sí mismo, olvidando que su única razón de ser es servir al vecino y no servirse de él.

Estamos ante una captura de rentas mediante un mecanismo de cobro indirecto que roza la extorsión administrativa. Al incluir una tasa municipal de alumbrado público dentro de la factura de energía eléctrica, el Estado se asegura la recaudación bajo la amenaza implícita del corte de un servicio esencial como la luz. Esta “recaudación fácil” no es otra cosa que una violación flagrante a la Ley de Defensa del Consumidor y a los marcos regulatorios nacionales. Se está utilizando una plataforma de servicios públicos para cobrar conceptos ajenos que, en muchos barrios de nuestra capital, son directamente inexistentes, dejando al vecino en una situación de total indefensión donde paga por una oscuridad que persiste durante décadas.

La salida legal para terminar con este abuso sistemático comienza por la vía de la “desindexación” o el desglose de conceptos. El usuario tiene el derecho de exigir el pago selectivo, es decir, abonar el consumo eléctrico real y dejar en reserva o impugnar el ítem de la tasa municipal si la contraprestación no es efectiva en su zona.

Los fallos recientes de la justicia federal ya están marcando el camino, señalando que los municipios no pueden convertir a las empresas distribuidoras de energía en sus agentes de retención sin un control estricto de la proporcionalidad y la realidad del servicio. Otra herramienta fundamental es la acción de clase o el reclamo colectivo a través de asociaciones de consumidores, que permite frenar la arbitrariedad de manera general para todo un sector o barrio afectado, exigiendo que se elimine el cargo de la boleta hasta que el municipio certifique mediante auditorías técnicas que las luminarias realmente funcionan.

No podemos permitir que el derecho a la ciudad se transforme en un peaje perpetuo, donde el vecino termina siendo el que compra el foco y paga la escalera, mientras el municipio se queda con la renta. La vía judicial y la presión sobre los entes reguladores para que prohíban la inclusión de cargos ajenos en las facturas de servicios públicos es la única forma de desarticular este sistema de despojo legalizado.