Cepo al empleo público en 2017
Bajo la premisa de hacer más eficiente el gasto, desde Casa Rosada buscan acordar con los gobernadores un freno a la contratación de más gente en los estados provinciales; proponen un sistema de premios a la eficiencia.
El empleo público ha sido variable de ajuste para la gestión Cambiemos.
Salvo excepciones, el innegable uso clientelar de los cargos en el estado durante las últimas décadas ha convertido a las oficinas públicas en bolsas de empleo, con contrataciones costosas e ineficientes.
En líneas generales, mayor cantidad de gente no se ha traducido en mejores servicios para el ciudadano.
Cambiemos atacó este problema, no sin costos políticos e inclusive algunos excesos, desde el primer momento.
2017 parece que no será la excepción en esta política.
Mediante una resolución administrativa N°12, el poder ejecutivo nacional ha prohibido el ingreso de nuevos agentes en sus áreas. Las que necesiten incorporar personal podrán hacerlo sólo con la revisión de Jefatura de Gabinete.
Las provincias no fueron alcanzadas por esta decisión del poder central, pero deberán encolumnarse detrás de la misma premisa.
El déficit fiscal en la mayoría de los distritos del país es el principal motivo.
Jujuy es un ejemplo de la situación que Nación busca comenzar a revertir. Los recursos propios que la provincia genera alcanzan a cubrir sólo el 10% de su presupuesto anual.
Cada mes, el pago de los salarios supera en más de 100 millones a la coparticipación de impuestos que al estado jujeño le corresponde.
Este estado macrocefálico, alimentado durante año, es lo que se intenta desarticular.
El ministro de hacienda jujeño, Carlos Sadir, ya había anticipado que el equilibrio fiscal es un objetivo requerido por Nación.
Dicen quienes tienen acceso a los despachos de Casa de Gobierno que al cabo del primer año de la gestión Morales, no se han observado grandes avances en este sentido. La asistencia financiera de Casa Rosada ha sido constante.
Lo cierto es que desde las oficinas de Trabajo y Hacienda en Casa Rosada buscarán acuerdos con los Gobernadores de cada distrito para restringir las contrataciones.
Si bien en Jujuy rigen leyes de emergencia que en teoría funcionan como un obstáculo para la incorporación de nuevos empleados, en la práctica se han encontrado formas burocráticas para sortearlo.
En 2017 el gobierno central buscará que esto no ocurra.