Cuatro aliados de Morales acusados de corrupción
La transparencia y lucha contra la corrupción fue una bandera para Cambiemos en el país, y para su versión local en Jujuy, liderada por Gerardo Morales.
Fue la forma de marcar un contraste con el kirchnerismo, considerado un gobierno corrupto por buena gran parte de la sociedad.
Sin embargo, numerosos hechos ocurridos en Jujuy contradicen aquel discurso.
Uno de ellos es la doble vara con la que el oficialismo mide a los dirigentes envueltos en hechos de corrupción. La realidad ha demostrado que si el acusado es un adversario político, el gobernador Morales y sus séquitos lo condenan públicamente por múltiples canales antes de que la justicia determine un veredicto.
Pero si, en cambio, el apuntado es un aliado, no sólo hay un ostensible silencio, además el gobernador suele redoblar la apuesta respaldándolo abiertamente.
El caso Milagro Sala es un ejemplo de lo primero. La situación de Félix “el diaguita” Pérez, por caso, un claro reflejo de lo segundo.
El ex intendente de Tilcara, que competirá por su reelección el próximo domingo, dejó su cargo luego de 20 años debiéndole a los tilcareños 54 millones de dólares, según los expedientes que constan en el tribunal de cuentas. La justicia le embargó propiedades y le exige que devuelva esa suma, mientras se sustancias causas en su contra.
El gobernador Morales publicó en las últimas horas en sus historias de Instagram una foto junto a él, en la que asegura apoyarlo por ser “un hombre trabajador que día a día renueva su compromiso con su (sic) gente”.
Durante la tarde del martes, el intendente de Humahuaca Leonel Herrera fue destituido de su cargo por unanimidad. Todos los concejales de esa ciudad votaron para que abandone su cargo, acusándolo de manejos oscuros de los fondos que produce el hotel de Turismo de la localidad, entre otros señalamientos. Nuevamente un dictamen del tribunal de cuentas fue clave para que avance el proceso.
El intendente Rolando Ficoseco, de la localidad de Perico – 30 kilómetros de San Salvador de Jujuy – tiene una imputación por hechos de corrupción en un caso que también involucra a la empresa de energía EJESA. Pesan en su contra además cargos definitivos por rendiciones de cuentas impresentables o falta de ellas, por casi 400 millones de pesos. El próximo domingo aparecerá en la misma boleta que el gobernador Morales cuando los periqueños ingresen al cuarto oscuro.
En La Quiaca aparece otro ejemplo de lo mismo. El intendente Miguel Ángel Tito (peronista que suele encolumnarse con quien tiene circunstancialmente el poder) se convirtió en un aliado estratégico del gobierno y participa activamente del proyecto de instalación de una zona franca en la localidad.
Semanas atrás fue blanco de denuncias realizadas por ediles quiaqueños, por falta de rendición de cuentas, obras observadas y la venta de una máquina del municipio que desapareció del inventario de la comuna.
El padre Jesús Olmedo, referente de la zona, lo acusó de enriquecerse durante sus gestiones. Hoy Tito es un poderoso empresario local con intereses en el transporte y en el rubro gastronómico.
Es otro de los dirigentes que compartirá boleta con el gobernador Morales buscando su reelección dentro de cuatro días.
En ninguno de los casos el oficialismo ha expresado opinión alguna, pese a que las denuncias existen. En todos los casos, los aliados del gobierno mencionados figuran en expedientes que jueces y fiscales deben dilucidar. Incluso en casos vinculados a Milagro Sala, demonizada por el radicalismo jujeño.
La dualidad para tratar a uno u otro según su posición política es evidente dentro de una gestión que habla de honestidad pero tiene dificultades para demostrarlo.