Dos días después de que entre en vigencia la reforma de la estructura y accionar de la Policía Federal Argentina (PFA), un grupo de diputados de Democracia para Siempre presentó un proyecto de ley para dar marcha atrás con el decreto del Gobierno. "La norma es directamente inconstitucional", advirtieron.
Diputados: presentaron un proyecto para derogar la reforma de la Policía Federal
El bloque de Democracia para Siempre advirtió que el DNU promulgado por el Poder Ejecutivo "es directamente inconstitucional".
El Gobierno implementó esta reforma amparándose en las facultades delegadas que le dio el Congreso luego de la sanción de la ley Bases. Los diputados radicales más críticos del presidente Javier Milei aseguran que el Congreso "sólo habilitó la colegislación a efectos de reorganizar o reestructurar órganos de la administración central, pero bajo ningún punto de vista autorizó al PEN a dictar normas generales restrictivas de los derechos de las personas".
Desde el bloque liderado por Facundo Manes consideraron que la administración libertaria está utilizando la herramienta legal "como una venta de oportunidad forzada ya que entre las facultades delegadas al Poder Ejecutivo no están las de seguridad".
Democracia para Siempre también recordó el reglamento de la Policía Federal: "El artículo 6, incisos 2, 5 y 11 del Estatuto de la Policía Federal Argentina permiten realizar tareas de inteligencia criminal con acceso a bases privadas y fuentes abiertas como redes sociales, vulnerando las garantías de intimidad, libertad de expresión y protección de datos personales contemplados en el artículo 19 de nuestra Constitución y en la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales".
A su vez, resaltaron que "uno de los puntos que más inquietud despierta es la falta de claridad en las nuevas facultades de la PFA. El decreto deja sin precisar conceptos como 'amenaza a la seguridad del Estado' o 'alteración del orden público', lo que habilita una peligrosa zona gris".
"En otros contextos, lagunas normativas similares han resultado en el uso discrecional de fuerzas de seguridad, permitiendo prácticas como la persecución de la protesta, el ciberpatrullaje de opositores, la criminalización de organizaciones sociales, o el avasallamiento a la libertad de expresión, frecuentemente justificadas bajo interpretaciones amplias", agregaron en esta línea.
Finalmente, el proyecto señala que esta preocupación "cobra mayor relevancia ante las señales explícitas de utilización política del aparato de seguridad, el avance de un Plan Nacional de Inteligencia opaco, y la posibilidad certera de que la represión y el espionaje de opositores se tornen prácticas naturalizadas".