La Oficina Anticorrupción interviene por los pagos retenidos a los proveedores de comedores escolares

• La Oficina Anticorrupción libró un oficio esta mañana.
• No tienen conocimiento debido a la situación de pandemia cuando se contestarán los mismos.
• Se invita a todos los proveedores que hayan pasado una situación similar a realizar la denuncia correspondiente en el organismo.

Así lo confirmó a JujuyalMomento, la fiscal de la Oficina Anticorrupción de la provincia, Josefa Herrera.

“La oficina ya está investigando, temprano a la mañana se libró un oficio al Ministerio de Desarrollo Humano, no sabemos a qué hora llegará, en virtud a esta situación que estamos viviendo y estoy mandando a pedir informes sobre la supuesta irregularidad que está cometiendo el ministerio de Desarrollo Humano” expresó Herrera. “La oficina ya está investigando, temprano a la mañana se libro un oficio al ministerio de Desarrollo Humano, no sabemos a qué hora llegará, en virtud a esta situación que estamos viviendo y estoy mandando a pedir informes sobre la supuesta irregularidad que está cometiendo el ministerio de Desarrollo Humano” expresó Herrera.

Al consultarle si tenía conocimiento de la existencia de más casos idénticos al de Vallejos, de proveedores escolares que continúan sin percibir el dinero, en muchos casos de meses y hasta años por haber prestado sus servicios al Estado y también por ser amenazados si hablaban con la prensa; La fiscal manifestó que no llegó ninguna denuncia al organismo y desconoce otras situaciones similares, tampoco pudo leer ninguna noticia periodística donde se dieran a conocer más casos, pero a su vez también dijo que si tomara conocimiento de estas supuestas irregularidades se va a actuar como corresponde y se investigará.

Lo cierto es que basta un poco de investigación para encontrar numerosas denuncias de irregularidades en los últimos años que exponen un oscuro entramado en las contrataciones del Estado provincial.

Respecto a si hay o no delito por el supuesto accionar de Carlos Toconás de llegar comprobarse las amenazas manifestadas por Miguel Vallejos dijo:

“Como no tengo pruebas de que se haya cometido un delito, no puedo prejuzgar, luego de que el ministerio de desarrollo humano responda los informes, por lo cual no se puede hablar de delito o no, solo podemos hablar de presuntas irregularidades hasta que no se demuestre lo contrario”. “Como no tengo pruebas de que se haya cometido un delito, no puedo prejuzgar, luego de que el ministerio de desarrollo humano responda los informes, por lo cual no se puede hablar de delito o no, solo podemos hablar de presuntas irregularidades hasta que no se demuestre lo contrario”.

Con relación al tiempo que llevará la contestación de los informes por parte del Ministerio de Desarrollo Humano expresó:

“Estamos en una situación crítica, de pandemia y el ministerio de desarrollo humano está abocado casi íntegramente a disposición del COE, por lo cual no podemos saber cuánto tiempo tardaran en contestar estos informes que solicité, generalmente en épocas normales a los dos o tres días ya deberían estar contestando”, concluyó. “Estamos en una situación crítica, de pandemia y el ministerio de desarrollo humano está abocado casi íntegramente a disposición del COE, por lo cual no podemos saber cuánto tiempo tardaran en contestar estos informes que solicité, generalmente en épocas normales a los dos o tres días ya deberían estar contestando”, concluyó.

Vallejos finalmente pudo cobrar los dos meses que se le debían del año 2019 por la prestación de sus servicios, ya que el viernes pasado referentes de la DGA se comunicaron con él para citarlo y entregarle un cheque y así saldar la deuda total que mantenían.

Pero como bien dimos a conocer este no es el único caso, hay muchos proveedores de comedores escolares que aun tienen temor de dar su nombre y apellido por posibles represalias por parte del gobierno y lo peor de todo es que se les adeuda muchísimo dinero.

Por otra parte la Defensoría del Pueblo también pudo comunicarse con Miguel y esta semana posiblemente concurra al organismo, para continuar asesorándose legalmente y accionar contra el Estado, puntualmente, contra el funcionario Carlos Toconás.

Más allá de la deuda que mantiene el gobierno con los proveedores escolares, hay que recordar que los mismos trabajadores manifestaron que la manera en la cual se llevan a cabo los contratos con cada uno de ellos es irregular, ya que no pueden acceder a una copia de los mismos y tampoco se les esclareció en las clausulas la modalidad de pago por sus servicios. Esto será seguramente será otro punto importante de investigación para la Oficina Anticorrupción.