Por este motivo, confía en al rendición de cuentas. “Las investigaciones del Ministerio Público deben enfocarse en establecer si se actuó contra las víctimas debido a su orientación sexual o identidad de género, o a su trabajo en defensa de los derechos de las personas LGBT”, ha explicado, en un comunicado de condena de los últimos crímenes.
Uno de ellos se cobró la vida de Andrea Gonzáles, líder de una organización que defiende los derechos de las mujeres transexuales y que ya había denunciado amenazas contra la Fiscalía. Murió en la capital el 11 de junio, apenas dos días después de que fuese asesinada otra compañera de la organización en el departamento de Baja Verapaz y que también se había puesto en contacto con el Ministerio Público.
Por otra parte, un hombre gay falleció tiroteado el 14 de junio en la localidad de Morales, Izabal, en el este del país centroamericano.
González ha emplazado a las autoridades guatemaltecas a “realizar acciones urgentes y exhaustivas para detener el derramamiento de sangre que afecta a las asediadas comunidades LGBT”, si bien también ha ampliado su mensaje para recordar a Estados Unidos que no debería “dar la espalda” a quienes huyen de la “persecución” en Guatemala.
HRW ya constató en un informe publicado en marzo una falta de protección de la comunidad LGBTI en Guatemala, país al que recriminó que apenas brinde protección a este colectivo. Así, el país no cuenta con legislación específica ni para abordar los posibles delitos ni para facilitar que las personas trans puedan modificar su sexo en los documentos oficiales.
