El patrimonio del sindicalismo en la mira del gobierno
La comisión de asuntos institucionales se reunió en el inicio de la semana con el objetivo de estudiar los proyectos que serán discutidos en el recinto de la Legislatura sobre el cierre del año legislativo. Entre ellos se encontraba el texto impulsado por el bloque de Cambia Jujuy, que responde al gobierno provincial, que tiene como fin extender la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas a los dirigentes sindicales.
Esta iniciativa existe hoy como una opción dentro de la ley 5.153 conocida como ley de Ética Pública, que en el inciso c de su primer artículo establece la posibilidad de recibir las presentaciones voluntarias de dirigentes gremiales, como también de empresarios y profesionales que “administren derechos colectivos”.
El gobierno intenta ahora que ese gesto de voluntarismo se convierta en una obligación.
El proyecto tomó recibió despacho en la comisión y continúa su recorrido en la Legislatura, con posibilidades de bajar al recinto, ya que se encuentra en la agenda del gobierno.
Salvo el caso excepcional de Carlos “el perro” Santillán, histórico dirigente de los trabajadores municipales, el sindicalismo local ha elegido hacer silencio ante esta posibilidad, aunque deslizan su desacuerdo.
El proyecto no tiene antecedentes en otros distritos según la información que manejan en la oficina anticorrupción, organismo que funciona como autoridad de aplicación de la ley de Ética Pública.
Las declaraciones juradas actualmente están publicadas en la página web de la oficina anticorrupción y registran los bienes de un 84,36% de los funcionarios locales.
El gobierno advirtió que multará al porcentaje de funcionarios que aún no cumplieron con el trámite.
La reunión de los diputados provinciales que integran Asuntos Institucionales se llevó a cabo el lunes en el salón "Presidente Dr. Raúl Alfonsín" de la Legislatura provincial.
Tras el encuentro, el diputado Ramiro Tizón, presidente de la comisión, indicó que esto es "para dar transparencia e igualdad al accionar de todas las personas que manejan fondos del Estado o que cumplimos funciones en él".