Una mesa de dinero: así funcionaba la corrupción en la obra pública
Un millón de pesos en un cajón. Expedientes con obras inventadas. Certificados truchos. Firmas de empleados de menor jerarquía. El audio del escándalo desnudó el circuito de corrupción instalado en el Estado para desviar dinero que debía destinarse a obras para la gente. Expuesto ante la opinión pública, el actual gobierno se apura a realizar las denuncias en la justicia.
El audio del escándalo por el pedido de coimas de un allegado al gobierno a un empresario, parece ser la punta de un iceberg que tenía bajo la superficie un entramado de corrupción tapado durante años y que hoy empieza a salir a la luz.
Según relatan hoy los funcionarios del actual gobierno, existía toda una ingeniería burocrática diseñada para disfrazar de legalidad el robo del dinero público que debía destinarse a obras que beneficien a la gente.
El fiscal de estado Mariano Miranda dio indicios de este esquema revelando algunos detalles.
Según se desprende de las afirmaciones de Miranda en Radio 2, el centro de operaciones era el ministerio de infraestructura.
Allí se encontraron elementos que dan indicios del corrupto sistema.
Se creaban expedientes, con la firma de funcionarios de menor rango o empleados, en los que se seguían todos los pasos que la ley exige para realizar una obra pública.
Sin embargo, estos trámites, al parecer, eran de ficción.
Se elegían obras irrealizables, como el conocido caso del enripiado para una calle ya pavimentada.
Luego se montaban en los papeles todos los pasos legales: un llamado a concurso, también ficticio, la presentación de ofertas por parte de empresas de fantasía, la adjudicación para alguna de ellas, y tras un tiempo prudencial, el cobro.
Es lo que Miranda llamó “obras inventadas”.
Una prueba de ello serían el aspecto que tenían las ofertas presentadas por las supuestas empresas: todas estaban impresas de manera idéntica, con el mismo formato y redacción, y lo único que variaba eran los números propuestos.
En otras palabras, los funcionarios sospechan que un empleado pudo haber fabricado un modelo de oferta para concursar por las obras – tal vez lo descargó de Google – y se limitó a modificar los números de la oferta. Así se lograba simular un concurso de precios para ganar una obra que el estado pagaba.
“Parecían estar hechas con la misma impresora”, detalló Miranda.
Sin embargo, al parecer y según lo que investiga el gobierno, ni la obra, ni el concurso, ni las empresas existían. Lo único real era el dinero que el supuesto empresario se llevaba.
De hecho, una de las involucradas en los expedientes que el gobierno revisa, “FX Solutions”, se declaró en quiebra. Uno de sus socios es un hombre conocido en el medio: Octavio Figueroa.
Respecto de este caso puntual, el fiscal de estado brindó otra revelación con ribetes de escándalo.
En el cajón de un despacho del ministerio de infraestructura, se encontraron cheques por $1.200.000 firmados por Octavio Figueroa en favor de Juan Mónaco, el ex jefe de despacho del Ministerio de Infraestructura a quien la actual gestión echó por maniobras irregulares.
Así, la teoría del gobierno parece encontrar un cierre: se trataría del empresario ganador de la licitación inventada devolviendo literalmente “el favor”.
Ante semejante esquema, el gobierno, que emprendió auditorías e investigaciones administrativas desde su llegada al poder pero no llevó sus sospechas a la justicia, cree estar en presencia de una mesa de dinero, de la que participaban funcionarios, empleados y ocasionales empresarios, que en realidad inventaban empresas sólo para participar de licitaciones armadas.
De este fenomenal esquema de estafa al estado habría formado parte la empresa INBER, la que saltó a la fama cuando uno de sus propietarios, Rodrigo Insausti, grabó a un abogado cercano al gobierno pidiéndole una coima.
Insausti, no obstante, niega los hechos de los que el gobierno lo acusa, e intenta cobrar por las obras que dice haber realizado. Hasta hoy nadie sabe cuáles son esas obras ni dónde están.
Sin embargo, no sólo INBER está apuntada por esta situación.
Durante la última sesión ordinaria de la Legislatura, el diputado radical Fabián Tejerina, expuso el nombre de dos nuevas empresas que también aparecen insertas en expedientes que forman parte del mismo esquema: ECCI construcciones S.R.L. y Taruca S.R.L.
Detrás de estas dos sociedades también aparecen los nombres de dirigentes y vínculos con la política.
Todo el montaje, según las sospechas del gobierno, funcionó durante la última década.
Hacia allí apunta Gerardo Morales cuando habla de “empresarios ricos” que tras la salida de Eduardo Fellner del poder no volvieron a presentarse en una licitación.
Lo que cuenta Miranda es, por fin, un poco de detalle sobre la matriz de corrupción de la que tanto habla la actual gestión.
Todo eso deberá materializarse en expedientes judiciales para que los jujeños sepan de una vez quienes les robaron.