¿De qué se trata la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial?
Esta semana se define en la Cámara de Diputados el destino de esta norma, que trajo disputa entre opositores y oficialistas. La Diputada por Jujuy, Gabriela Burgos, explicó conceptos básicos del proyecto.
Este miércoles se llevará a cabo la sesión que definirá entre otras cosas el futuro de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial.
En este marco Gabriela Burgos, presidenta de la comisión de Legislación Penal indicó que esta ley aparece para combatir un vacío legal respecto a la responsabilidad penal que tienen las empresas (personas jurídicas) en los delitos de corrupción contra la administración pública.
Se espera cubrir ese vacío y que las personas jurídicas sean responsables de los delitos.
A delitos se refiere, por ejemplo, cuando se habla de cohecho trasnacional, fraude administrativo, sobornos, y otros ilícitos que involucran actos deshonestos en la ejecución de contrataciones públicas.
El castigo para las personas jurídicas se dará a través de multas, ya que no se los puede detener, ni esperar que caigan presos. Por ello, estiman una suspensión de actividades, suspensión de beneficios, o simplemente una sanción económica.
Las sanciones corresponderían del 1 al 10% respecto al Ingreso Bruto registrado el año anterior. De ocurrir agravantes en los delitos, la multa aumentaría y tendría que cubrir del 10 al 20%.
La idea es incentivar a la empresa a brindar información a cambio de una disminución en los cargos, lo que no las exime de responsabilidades, es decir, no hay quita completa de sanción sino sólo reducción de la misma. Esto es un atractivo para que la persona jurídica denuncie cuando existen irregularidades.
Otro punto relevante es el “Régimen de integridad”, el que algunas empresas internacionales ya poseen y quieren que se incorporen más entidades a este programa de autorregulación.
Este incluye un código de ética, capacitaciones periódicas, políticas de protección a los denunciantes, todo a fin de llevar un control propio en el manejo de una asociación.
Con esto se pueden detectar irregularidades para actuar al efecto y llevar garantías, transparencias y seriedad.
En conclusión, Burgos indicó que lo que la ley pretende es que la persona jurídica siga funcionando, porque refiere trabajo para muchos individuos, pero que se identifique un hecho delictivo, se apliquen las sanciones, prever que no se vuelvan a cometer y así trabajar con mayor transparencia.
