Aborto: ¿es constitucional o no?
Días atrás, la senadora nacional Silvia Giacoppo expresó una vez más su postura contra la legalización del aborto, distanciándose del sorpresivo respaldo a la ley de Gerardo Morales, quien había declarado que “el país tiene que avanzar en la legislación”.
Incluso Giacoppo fue más allá de pronunciarse en contra de la ley y se sumó a las voces que la califican como inconstitucional y antijurídica.
“Hay que rechazarla de plano porque es antijurídica y anticonstitucional. Sostengo esta postura porque estoy segura. Ejercí el derecho muchos años y para mí viola principios básicos de nuestra constitución y pactos internacionales”
Aunque sin dar precisiones sobre cuáles serían los pactos internacionales y los principios constitucionales violados, la senadora se mostró segura en que la ley “no va a salir”.
Por otra parte, argumentos contrarios a los de Giacoppo que sostienen por qué el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sí es constitucional vinieron desde la academia, más precisamente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), quien recientemente emitió un comunicado a través del consejo directivo de la Facultad de Derecho.
El consejo directivo remarcó que la adhesión al aborto legal se enmarca en el artículo 75, inciso 22, del Tratado de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional y garantiza “el derecho a la vida, la salud, la integridad física, psíquica y moral, la intimidad, la dignidad, la igualdad de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar, la autonomía, el derecho a vivir una vida libre de violencia, contra los tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
De este modo, los académicos de la UBA se expresaron “a favor de la despenalización y legalización, en tanto implica trasladar la temática al campo de la salud pública y la responsabilidad del Estado como garante de derechos”.
Para las autoridades de la Facultad de Derecho, la criminalización “lejos de disminuir la cantidad de abortos” lleva a la clandestinidad y “obliga a interrumpir los embarazos de maneras inseguras reproduciendo las desigualdades en términos de género y clase”.
Por último, indicaron que “los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y por ende el Estado tiene la responsabilidad de implementar políticas públicas para garantizarlos ya que nuestro país promueve la educación sexual y la difusión de métodos anticonceptivos”.
Mientras tanto, el debate en las comisiones del Senado sigue y el 8 de agosto, cuando se produzca la votación final, será un día clave que marcará un punto de inflexión en la legislación de nuestro país.