Hay 90 mil familias pobres en Jujuy
Ése es el número de familias que recibe la ayuda social del Plan Social Nutricional Provincial (PLASONUP), según reconoció la propia ministra de Desarrollo Humano, Natalia Sarapura. La cifra da cuenta de alrededor de 360 mil pobres debido a que no se puede acceder a dicho beneficio si se puede conseguir la mercadería por medios propios.
En el marco del anuncio de la entrega de la tarjeta alimentaria, la ministra de Desarrollo Humano reconoció que son 90 mil las familias que reciben la ayuda del gobierno.
El número es realmente alarmante ya que solo pueden acceder a este programa quienes demuestren que se encuentran en una situación económica que no les permite afrontar la compra de dichas mercaderías. En otras palabras, se trata de 90 mil familias pobres.
De ese total, 50 mil beneficiarios pasarán a cobrar por tarjeta mientras que el resto seguirá recibiendo las cajas de manera directa.
Si se analizan estos datos partiendo de la cantidad de personas que integran una familia tipo 1 (dos padres y dos hijos), se puede hacer una conjetura: 360 mil personas necesitan la ayuda del Estado. Eso representa casi la mitad de la población puesto que, según el último censo de 2010, en Jujuy hay menos de 700 mil habitantes (la cifra en 2019 sería aún mayor).
Curiosamente, a finales de enero de 2019 la ex ministra de Desarrollo Humano, Ada Galfré, decía otra cosa: Eran 120 mil las familias jujeñas que dependían de esta ayuda.
Tal inconsistencia no hace más que exponer las falencias del gobierno en lo que a manejo y difusión de datos respecta.
Los referentes de los comedores, vale aclarar, dan cuenta de un incremento significativo en el número de personas que se acercan buscando un plato de comida.
Aquí toman gran relevancia las declaraciones de la ex titular de la Dirección Provincial de estadísticas y censos de Jujuy, Ana Juarez Orieta respecto de la manipulación que hace el gobierno de los datos y con qué liviandad se pasa de decir una cosa a decir otra, incluso en cuestiones tan serías como esta.
Uno de los principales puntos de conflicto en los últimos años fueron los retrasos en los pagos a los proveedores de alimentos. En reiteradas oportunidades la provisión de mercaderías se vio comprometida por esta situación.
Consultada al respecto, Natalia Sarapura explicó que el problema radica principalmente en la burocracia propia del proceso de control y justificó que se haga una revisión exhaustiva debido a que el dinero que se destina ronda los 600 millones de pesos.
No obstante, los comerciantes se ven perjudicados en su actividad ya que los pagos tardíos representan un una perdida en un contexto inflacionario como el que se vive.