Cuáles fueron los delitos que se cometieron con el asado del COE
- Diego Rotela, Gabriela Burgos y miembros del COE participaron de un asado violando las normas que establece la cuarentena obligatoria.
- Gerardo Morales dijo que denunció a Rotela por ser el organizador y deberá pagar una multa de 80.000 pesos.
- El castigo cayó únicamente en Rotela, el organizador del evento, pero dejó en evidencia la doble vara del gobierno.
El abogado Alberto Nallar visitó el programa “Sobremesa” que se emite de lunes a viernes a las 14 hs por Canal 2 HD.
Allí, entre otros temas, se refirió al escándalo que envuelve al secretario de Gobierno Diego Rotela.
El sábado 18 de abril se realizó un asado y agasajo al personal del hospital de campaña de Ciudad Cultural del cual participaron miembros del COE (Comité Operativo de Emergencias), la diputada nacional Gabriela Burgos y el Secretario de Gobierno, Diego Rotela.
Las imágenes se filtraron y generaron revuelo, teniendo en cuenta que se trata de una clara violación a los protocolos establecidos por el aislamiento social, preventivo y obligatorio por coronavirus.
En este sentido, Nallar se preguntó si no tienen plata para contratar el personal necesario para el hospital San Roque o el de emergencia, no tienen plata para proveer la cantidad de insumos necesarios, “pero sí el Estado tuvo la plata para pagarle a “los cumpas” la organización del asadito, para mimar a los muchachos del COE”.
Gerardo Morales habló del caso, trató de justificar lo sucedido y expuso las sanciones que se tomaron al respecto.
Sobre esto, Nallar opinó que la expresión del gobernador le pareció “absolutamente impúdica”.
“Utilizar dinero del estado para organizar este tipo de festejos es un delito de peculado, acompañado de otro delito que es utilizar un espacio público del estado provincial, el espacio asignado para el funcionamiento del hospital de campaña para que lo funcionarios hagan un agasajo a título personal. No se puede utilizar el espacio público para hacer asaditos mimosos”.
Así, el letrado Nallar se ocupó de detallar cuáles fueron los delitos que cometieron los que participaron de este agasajo.
El Artículo 207 del Código Penal dice: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
“Mientras pasa esto, el gobernador amenaza con meter en cana a quien no cumpla con las disposiciones”.
Además, agregó que en caso de que el delito hubiera sido cometido por un funcionario público, sufrirá inhabilitación especial por doble tiempo.
“El señor Rotela confesó la comisión del delito del artículo 205, por lo que le corresponde la inhabilitación”.
El gobernador rechazó la renuncia de Rotela y le aplicó una multa de $80 mil pesos. Sin embargo, Nallar se refirió al Código Procesal Penal en su Artículo 265 : “los funcionarios que tenga conocimiento de la comisión de un delito, tienen la obligación de denunciar penalmente”.
“El gobernador Morales tendría que haber ido a hablar con su amigo Lello Sánchez a promover la denuncia penal”.
Lejos de lo que plantea Nallar, el gobernador una vez conocido el hecho, en un informe del COE dijo que “a todos les digo que cumplan los protocolos porque vamos a ser rigurosos, no hagas la ‘gran Rotela’ porque te vamos a aplicar la multa”.
Nallar siguió detallando la legislación y expresó que el Artículo 277 del Código Penal dice que “será reprimido con prisión de 6 meses a tres años el funcionario que, tras la comisión de un delito, no denunciare la perpetración de un delito. Mientras que el inciso tercero de este articulo dice que “la escala penal será aumentada al doble cuando el autor fuere funcionario público”.
“No hay sanción penal para esto, que es la sanción penal con la que nos amenazan todas las noches. Estamos en manos de una clase política remolona, concupiscente, absolutamente sin compromiso con el interés general, que nos obliga a los ciudadanos a asumir nuestra propia defensa”.