Plan de contingencia y oportunidad de negocios

El plan de contingencia denominado “Jujuy asiste y reactiva”, sigue generando controversia en su aplicación.

Con problemas de información desde el mismo día de su anuncio, el 20 de julio pasado, suma esta vez un nuevo foco de polémica: un decreto que habilita a los ministros que intervienen en el plan a realizar compras directas por montos millonarios, cuando la ley exige distintos mecanismos para garantizar transparencia.

En efecto, el decreto 7.539 del 31 de agosto de 2018, que lleva la firma del gobernador Gerardo Morales, autoriza a los funcionarios que participen de la aplicación del plan a realizar excepciones en el mecanismo de compra.

Hasta hoy, cuando se trataba de compras por sumas superiores a 450 mil pesos y hasta un millón y medio de pesos se exigía un llamado a concurso de precios.

Cuando la inversión por parte del estado partía desde 1,5 millones hasta 4,5 millones era necesario convocar a una licitación privada.

Cuando el monto es superior a 4,5 millones y medio de pesos se debía convocar a licitación pública.

El nuevo decreto del gobernador barrió con todas esas exigencias y habilita a realizar compras y contrataciones por cualquier monto en forma directa.

La discusión se genera por las sospechas en torno a las operaciones que puedan surgir de la aplicación del plan.

El gobierno, como sus antecesores, no se caracteriza por publicar las ejecuciones presupuestarias, de manera que no informa sobre la forma en que se gastan los presupuestos que año a año se asignan a los ministerios.

Hoy en Jujuy, es difícil saber quiénes son las empresas que proveen bienes y servicios al estado.

Si a esto se agrega la discrecionalidad que introduce el nuevo decreto de Morales, la falta de transparencia se profundiza.