Crisis de violencia: ¿dónde está la respuesta del Estado?

La violencia se ha convertido en un fenómeno que se reproduce en todos los ámbitos: las calles, las escuelas, incluso en el hogar.

Sin embargo, la respuesta de los funcionarios políticos, en muchas ocasiones, parece limitada a una actitud estática, casi de espectadores, sin tomar acciones concretas ni generar políticas efectivas para abordar la raíz de estos problemas.

Lo que resulta alarmante es la naturalización de hechos tan graves como los femicidios, el bullying en las aulas, y ahora también, las peleas con golpes de puños entre padres en la puerta de las escuelas, en una especie de ley del más fuerte. Todo esto indica que la situación ha llegado a un punto límite. La pregunta que nos debemos hacer como sociedad es: ¿estamos realmente haciendo todo lo que podemos para prevenir, contener y erradicar estas conductas? O debemos cuestionarnos si, por el contrario, hemos perdido la sensibilidad y la capacidad de reacción ante un escenario que cada día se vuelve más complejo y peligroso.

La violencia que hoy se vive en comunidades como Tilcara y La Quebrada en general no puede ser vista como un problema aislado o exclusivo de esas zonas. Es una manifestación de una problemática social profunda, que requiere atención inmediata y acciones concretas. Desde el Ministerio de Educación se cree que una acción concreta para un tema grave pasa tan solo por la realización de charlas sobre la problemática: acompañar a las instituciones educativas por una cultura de cuidados y tejer redes para proteger derechos de la infancia y adolescencia. Sí, en teoría suena sofisticado pero lo que falta es acción.

Digo esto porque la situación del bullying, que terminó en la hospitalización de una adolescente, nos muestra la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta efectiva y directa.

Lamentablemente, lo que vemos muchas veces es una reacción tardía y superficial. el ministerio de educación envió una delegación de funcionarios que, en realidad, no tienen la autoridad ni la capacidad de resolver el problema en el momento. La presencia de funcionarios de segunda y tercera línea, que no deciden nada, refleja una gestión desconectada de la realidad, que solo intenta calmar las aguas en lugar de atacar las causas.

Lo mismo sucede con la comisión de educación. Tras varias semanas de reclamos, recién hoy se reúne para abordar una crisis que exige atención urgente. La comunidad, los docentes, los estudiantes y las familias necesitan ser escuchados en el lugar, en la comunidad, donde la problemática se vive y se siente. No sirve gestionar desde despachos o desde reuniones aisladas; hay que estar en la calle, en contacto real con quienes están en la primera línea.

Este tipo de crisis requiere una voluntad política genuina, con presencia y acción en los territorios. La ministra Serrano y los diputados tienen la responsabilidad de salir de las oficinas y escuchar, entender y actuar en consecuencia. La solución no llega desde los despachos oficiales, sino desde la interacción directa con las víctimas, las familias y las comunidades que están sufriendo en carne propia las consecuencias de la violencia y el abandono.