El negocio de las cooperativas en la era K
La cantidad de dinero público que destinó la gestión kirchnerista a las denominadas cooperativas sociales hoy es difícil de calcular.
Las cooperativas son un instrumento más de la economía, distinto a las empresas privadas con uno o algunos dueños en sociedad, que le permiten a un conjunto de trabajadores asociarse y hacer de sus tareas un negocio rentable, con el nivel de una empresa pero con una conducción repartida entre todos sus socios.
Ese concepto quedó desvirtuado a partir de 2003, cuando el gobierno impuso como obligación que los beneficiarios de planes sociales se organicen y formen cooperativas.
Posteriormente, a través de varias resoluciones del ministerio de Desarrollo Social, conducido por Alicia Kirchner, esas cooperativas que se fueron formando de manera forzada, obtuvieron la prioridad para prestar servicios o venderles bienes al estado.
Así, se convirtieron en constructoras de viviendas, productoras de ropa o prestadoras de servicios como el mantenimiento de las escuelas u otros edificios públicos.
El problema apareció con la rendición de los fondos que el estado destinaba a cada asociación.
Las evidentes irregularidades detectadas daba cuenta de un proceso en el que alguien, desde el estado, parecía más interesado en que las cooperativas se constituyan que los propios socios, que muchas veces ni se conocían entre sí.
Según el gerente de inspección del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), Rubén Brouchy, en la Argentina hay aproximadamente 34 mil cooperativas, de las cuáles 20 mil se constituyeron durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.
La revisión que emprendió el INAES pudo comprobar que una cantidad importante de las cooperativas sociales presentaban serias irregularidades como domicilios en terrenos baldíos, nulos registros contables o balances, o direcciones ficticias.
“Evidentemente no fue un proceso que se dio en forma natural”, consideró Brouchy.
En Jujuy según el organismo, existen alrededor de 900 cooperativas que hoy están sujetas a revisión. Algunas ya fueron desarticuladas.
La falta de información que reina en determinadas áreas del gobierno local, hace que sea difícil dar con el área indicada en la provincia para consultar sobre el estado de las cooperativas locales.
Pero el caso emblemático y archidenunciado por el gobierno de Gerardo Morales es de la red de cooperativas que lideró la Organización Tupac Amaru de Milagro Sala.
Según las denuncias que realizó la nueva gestión, a través de la Oficina Anticorrupción, esta red replicó el modelo en Jujuy: se multiplicaba la creación de cooperativas cumpliendo las formas legales pero en realidad el dinero que el gobierno nacional adjudicaba para la construcción de viviendas era monopolizado por la Tupac.
Hay un capítulo que aún no ha sido explorado por la gestión actual y está relacionado con el mantenimiento de los edificios escolares, donde el desfalco, según integrantes del área de educación, habría sido comparable con el ocurrido con las viviendas.
Lo cierto es que, de acuerdo a lo que descubre el INAES al momento de revisar el funcionamiento de las cooperativas en todo el país, este modelo se multiplicó y hoy hay miles de cooperativas que no pueden rendir cuentas del dinero que recibieron para realizar obra pública o simplemente será difícil hallar alguna vez a sus socios.
Esto no hizo más que empañar el funcionamiento de una herramienta útil para cualquier economía, como es el cooperativismo.
“En los últimos 12 años se formó una cantidad de cooperativas como nunca en 100 años de cooperativismo, quiere decir que se formó un instrumento válido, noble y leal con una intencionalidad”, señala Brouchy.
Esa intencionalidad, para muchos, no fue otra cosa que defraudar al estado.