Qué dice el decreto que compromete a Fellner
La fiscalía de investigación N°1 decidió la imputación del ex gobernador Eduardo Fellner, en el marco de la megacausa por el robo de dinero destinado a la construcción de viviendas en Jujuy, cuya principal implicada es Milagro Sala, hoy detenida.
El fiscal Araya, investiga la posible complicidad de Fellner con Milagro Sala en la operatoria utilizada para sustraer el dinero que llegaba desde el Ministerio de Planificación Federal.
En el año 2007, el ex gobernador firmó el decreto, mediante el que crea la Unidad Ejecutora Provincial, área dependiente del Ministerio de Tierra y Viviendas, que de repente se convertía en la única responsable de controlar la llegada de los fondos y la construcción de las viviendas.
El problema es que la provincia ya contaba con una estructura organizada y diseñada específicamente para desempeñar esa tarea: el Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy, con una trayectoria de décadas en el control de las viviendas sociales.
De esta forma, el gobierno avalaba mediante un decreto la creación de un débil e improvisado organismo, casi sin personal, para controlar miles de millones de pesos que debían utilizarse para construir casas, mientras sacaba del medio la estructura del IVUJ, que ya contaba en ese entonces y aún cuenta, con arquitectos y especialistas técnicos para certificar si las obras avanzan con rigurosidad.
El argumento para realizar la maniobra habría sido el abarrotamiento que según Fellner, padecía el IVUJ. Lo llamativo es que desde 2003 a 2007 Viviendas no entregó una sola casa a ningún adjudicatario jujeño. ¿Estaba desbordado o estaba desocupado? Es lo que se pregunta el fiscal.
El círculo cierra con los resultados finales. La célebre Unidad Ejecutora Provincial muestra omisiones flagrantes al control de los fondos que llegaban en millones a las manos de las cooperativas. Las casas se construían a medias o directamente no se construían.
Además se gestionaban las famosas adendas, que son reajustes en el precio para viviendas que ni siquiera habían sido empezadas.
La UEP nunca lo denunció. En consecuencia, el Poder Ejecutivo, a cargo en ese entonces de Eduardo Fellner, y en esta área puntual del ex Ministro Luis Cosentini, permitió la sistemática forma de operar con dinero público sin control ni resultados.
Por este motivo Araya decidió imputar a Fellner, Cosentini, junto a los ignotos funcionarios de la UEP, Gustavo Carrizo y José Luis Mercado.
En los próximos días deberán presentarse para conocer las causas de su imputación.