El ex jefe de gabinete, muy cerca del juicio oral

“Por un terreno de 10 x 20 me meten en cana”, dijo Armando Berruezo, ex jefe de gabinete y mano derecha del gobernador Eduardo Fellner, al quedar detenido el 2 de mayo de 2016 , en una causa que investiga la apropiación ilegal de tierras en la finca El Pongo, en la localidad de Perico. 

El ex funcionario y quien al momento de los hechos se desempeñaba como escribana de gobierno, Patricia Aguilera, están imputados por fraude a la administración pública, abuso de autoridad y falsedad ideológica. 

Según el fiscal que sigue la causa, ambos funcionarios manipularon los registros públicos a principios de la década del noventa, para colocar a nombre de Berruezo unas tierras que en realidad le pertenecían a otra persona. 

Tras un año de recursos interpuestos por la defensa de los imputados, el pedido de elevación a juicio, que también había sido cuestionado en el expediente, llegó a manos del titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, quien tiene la obligación de emitir un dictamen expresando su opinión al respecto. 

Una vez que este funcionario resuelva, en el plazo de 10 días, el planteo de inconstitucionalidad realizado por la defensa quedará en manos del Superior Tribunal de Justicia, para determinar si Berruezo se sienta o no en el banquillo de los acusados, en un juicio oral y público. 

Si los jueces supremos deciden enviar a Berruezo a juicio oral, su defensa tendrá la posibilidad aún de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si es que se habilita ese recurso. 

En el ámbito de la justicia definen la estrategia del contador fellnerista como “una chicana judicial”, forma en que se denomina a los planteos realizados por un abogado, aun cuando es consciente de que los jueces lo rechazarán, con el único fin de demorar la resolución de la causa. 

“Se trata de maniobras dilatorias”, afirmó Lello Sánchez, tras conocer la última novedad en la causa, la llegada del expediente a sus manos para emitir dictamen.