Al menos 9 intendentes fellneristas apuntados por no rendir cuentas
Rolando Pascual Ficoseco (Perico), Jorge Ramón Ale (Libertador), Dante Velázquez (La Quiaca), Julio Carlos Moisés (San Pedro), Sergio Gustavo Bautista (La Mendieta), Jesús Lorenzo Guerra (La Esperanza), Juana Sandoval (San Antonio), Nilson Ortega (Monterrico) forman parte de la extensa lista que se haya en el Tribunal de Cuentas con funcionarios que administraron dinero público de forma irregular.
Según un informe presentado por el bloque del Frente Renovador y plasmado en un proyecto de ley que busca prohibir que se presenten nuevamente a elecciones hasta que aclaren su situación, los nombrados cuentan con cargos definitivos en el órgano de control de la administración pública provincial.
Esto quiere decir que tras un estudio minucioso de expedientes en los que realizaron compras o gestiones, se determinó que el dinero fue utilizado de forma irregular, ya sea porque se destinó a obras que no existen, o porque se realizaron compras de bienes o insumos cuya existencia es incomprobable, o la documentación está viciada de irregularidades.
La recopilación realizada por el Frente Renovador de los expedientes que constan en el Tribunal de Cuentas con la misma situación data de los últimos 10 años.
Si se suman todas las obras y servicios que estos funcionarios debieron haber realizado con el dinero que llegó a sus gestiones, se llega a la exorbitante suma de 3 mil millones de pesos, a lo largo de una década, según el autor del proyecto, el diputado provincial Marcelo Llanos.
Sin embargo, la nómina de ex funcionarios y algunos que continúan en cargos diferentes en la administración pública, es mucho más extensa.
Según Llanos, aparecen los nombres de ministros, secretarios, directores y asesores, que tuvieron en sus manos partidas presupuestarias que se diluyeron por malas ejecuciones.
En base a esta documentación y al volumen de los fondos que virtualmente desaparecieron con destinos inciertos, es que se pretende aprobar un proyecto de ley para prohibir lisa y llanamente que quienes registran esta falta a la hora de rendir cuentas puedan volver a aspirar a ser electos en cargos públicos.
La iniciativa ingresó a la Legislatura en la tercera sesión ordinaria y cuenta con despacho de la Comisión de Asuntos Institucionales, aunque quedó varada en Legislación General.
Allí varios integrantes del oficialismo habrían comprometido su firma, pero hasta el momento no lo hicieron.
El Frente Para la Victoria, espacio político donde militan muchos de los que se verían afectados por este proyecto, salió al cruce de la iniciativa y hablan de un intento de proscripción.
En el Frente Renovador creen que esta semana podría tener un avance el proyecto para bajar al recinto y ser debatido por los diputados.