El reciente DNU firmado por Cristina Kirchner) que implica la devolución de la detracción del 15% para todas las provincias sobre los impuestos coparticipables implicará ampliar a unos $80.000 millones los fondos que resignará en 2016 la administración nacional en favor de las provincias.
DNU tendrá un impacto positivo en las finanzas de la provincia
El economista Carlos Aramayo hizo un análisis respecto al fallo de la Corte, el cual consideró tardío pero correcto y reconoció que las finanzas de la provincia se verán beneficiadas con nuevos recursos que superan los 80 mil millones.
El 40% de esos fondos (unos $30.000 millones) continuarán bajo administración nacional por la devolución de la detracción que también corresponde a la Nación como distrito.
Para muchos, el fallo de la corte responde a una estrategia de un oficialismo que persiste en su determinación por continuar minando el camino del nuevo gobierno que asumirá el poder en tan solo días. Eso debido a que el gobierno actual no tuvo objeción alguna a la hora de servirse de dichos fondos durante todos los años de gestión. La Justicia, por su parte, como nos tiene acostumbrados, parece actuar solamente durante el fin de cada gobierno.
Consultado sobre este Decreto de Necesidad y Urgencia, el economista, Carlos Aramayo dijo a Radio 2: “Tardíamente la Corte Suprema, cuando se está yendo este gobierno, hace un fallo donde dice que se suspende ese 15 % de retenciones que se hace de la distribución primaria y, por lo tanto, la masa de recursos de todos los tributos nacionales ahora va a tener para todas las provincias un 15 % más de arranque”.
Al mismo tiempo consideró que la coparticipación federal de impuestos “fue un manoseo a las provincias” y aclaró que dicho porcentaje no viene a reemplazar los fondos discrecionales”.
Según el licenciado, el eje de la discusión tanto de diputados como de senadores, debe girar en torno a cómo debe ser, de ahora en más, el régimen de coparticipación federal.
“Dentro de la ley 23548, dentro de ese 57 % había un 1 % que forman los fondos para aportes del tesoro nacional, de ahí sacan los gobiernos nacionales para hacer distribución discrecional de recursos. ¿Se imagina poner de acuerdo a 23 provincias para que modifiquen sus respectivos porcentajes de distribución secundaria?”.
Como primer paso, consideró que hasta tanto no haya predisposición para un gran acuerdo de coparticipación federal que prácticamente refunde las relaciones entre las provincias y la nación es necesario volver a la ley original de 1988. “Si volviéramos a la ley general nosotros veríamos incrementados notoriamente los ingresos de la provincia de Jujuy. Por ese camino después puede venir una discusión sobre qué porcentaje de distribución secundaria va a tener Jujuy a futuro”, afirmó.
No obstante eso, Aramayo sostuvo que el problema de fondo es que se hace en materia tributaria a nivel provincial. “No puede ser que la provincia de Jujuy dependa en un 92 % de los recursos que vienen por esta vía de coparticipación federal”, concluyó.
Para muchos, el fallo de la corte responde a una estrategia de un oficialismo que persiste en su determinación por continuar minando el camino del nuevo gobierno que asumirá el poder en tan solo días. Eso debido a que el gobierno actual no tuvo objeción alguna a la hora de servirse de dichos fondos durante todos los años de gestión. La Justicia, por su parte, como nos tiene acostumbrados, parece actuar solamente durante el fin de cada gobierno.
Consultado sobre este Decreto de Necesidad y Urgencia, el economista, Carlos Aramayo dijo a Radio 2: “Tardíamente la Corte Suprema, cuando se está yendo este gobierno, hace un fallo donde dice que se suspende ese 15 % de retenciones que se hace de la distribución primaria y, por lo tanto, la masa de recursos de todos los tributos nacionales ahora va a tener para todas las provincias un 15 % más de arranque”.
Al mismo tiempo consideró que la coparticipación federal de impuestos “fue un manoseo a las provincias” y aclaró que dicho porcentaje no viene a reemplazar los fondos discrecionales”.
Según el licenciado, el eje de la discusión tanto de diputados como de senadores, debe girar en torno a cómo debe ser, de ahora en más, el régimen de coparticipación federal.
“Dentro de la ley 23548, dentro de ese 57 % había un 1 % que forman los fondos para aportes del tesoro nacional, de ahí sacan los gobiernos nacionales para hacer distribución discrecional de recursos. ¿Se imagina poner de acuerdo a 23 provincias para que modifiquen sus respectivos porcentajes de distribución secundaria?”.
Como primer paso, consideró que hasta tanto no haya predisposición para un gran acuerdo de coparticipación federal que prácticamente refunde las relaciones entre las provincias y la nación es necesario volver a la ley original de 1988. “Si volviéramos a la ley general nosotros veríamos incrementados notoriamente los ingresos de la provincia de Jujuy. Por ese camino después puede venir una discusión sobre qué porcentaje de distribución secundaria va a tener Jujuy a futuro”, afirmó.
No obstante eso, Aramayo sostuvo que el problema de fondo es que se hace en materia tributaria a nivel provincial. “No puede ser que la provincia de Jujuy dependa en un 92 % de los recursos que vienen por esta vía de coparticipación federal”, concluyó.