Para entender la magnitud de la maniobra hay que mirar los números reales: la provincia de Jujuy consume alrededor de un millón de megavatios-hora por año. Hoy, los dos parques solares operados por la empresa Secco S.A. en Chalicán y Perico generan unos 60.700 megavatios-hora anuales, lo que representa apenas el 6 por ciento de todo el consumo provincial.
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Contrato de energía firmado en 2022 aseguraría retornos por 195.000 dólares por año
El contrato energético firmado en 2022 durante la gestión de Gerardo Morales puso en marcha un negocio millonario que pagamos todos los jujeños en la boleta de la luz.
La clave del asunto no está en la energía limpia en sí, sino en el precio desproporcionado al que se obligó a la distribuidora Ejesa a comprarla. El gobierno fijó un valor de 79 dólares por megavatio-hora, cuando en esa misma época los contratos nacionales de energía solar del programa RenovAr se adjudicaban a unos 57 dólares. Estamos hablando de una diferencia de 22 dólares por cada megavatio-hora, es decir, un sobreprecio del 38,6 por ciento.
Si multiplicamos ese sobrecosto únicamente por la producción actual de esos dos parques, el sobreprecio roza los 1,3 millones de dólares al año, lo que equivale a más de 1.950 millones de pesos anuales transferidos directamente desde los bolsillos de la gente hacia la empresa. Y esto es solo el comienzo, porque si entran en funcionamiento los demás parques previstos en el proyecto, el costo adicional crecerá en la misma proporción. Estas cifras no son inventadas; provienen de las propias proyecciones de demanda y generación que utiliza la entidad reguladora provincial para autorizar los aumentos en las tarifas.
El verdadero trasfondo de este acuerdo habría apuntado a armar un esquema de recaudación paralela a costa del consumidor. Al inflar el precio de la energía de manera artificial y garantizar un negocio multimillonario a 20 años, sin licitaciones transparentes ni audiencias públicas previas, la maniobra habría permitido "morder" un porcentaje del contrato. Un retorno estimado del 15 por ciento representaría unos 195.000 dólares anuales limpios en supuestas comisiones directas solo con la fase inicial.
En definitiva, bajo la bandera de las energías renovables y el cambio de la matriz productiva, se habría diseñado un mecanismo de extracción de fondos públicos donde el gobierno de turno habría asegurado ganancias extraordinarias a un privado, cargando ese sobrecosto directamente en cada hogar jujeño.
Lo que pasa en Jujuy con este contrato energético firmado en 2022 roza el descaro absoluto. Y la pregunta que se hace cualquier vecino en su casa es la correcta: ¿dónde están los fiscales, los jueces y los legisladores que deberían estar investigando esto ahora mismo? Estamos hablando de una maniobra donde se garantizó por decreto y a veinte años el pago de un sobreprecio del 38,6 por ciento en la energía solar respecto de los valores del mercado nacional, trasladando directamente a la boleta de la luz de la gente una sobrecarga de más de 1,3 millones de dólares al año solo con dos parques en marcha.
Que la Legislatura no haya convocado de urgencia a las autoridades de la Susepu, a los directivos de Jemse y a los responsables del Ministerio de Infraestructura para exigir explicaciones y revisar los contratos firmados por la gestión de Gerardo Morales sería una muestra de complicidad política alarmante. Tampoco se ve actuar de oficio al Ministerio Público Fiscal ante lo que, a todas luces, presentaría indicios severos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociación incompatible con el ejercicio de la función pública y un eventual fraude a la administración provincial.
Cuando las instituciones miran para otro lado en casos tan evidentes de sospecha de retornos o comisiones ilegales a costa del bolsillo popular, el mensaje que le dan a la sociedad es nefasto: que la impunidad estaría garantizada para el poder político de turno mientras el ciudadano común se ahoga pagando tarifas infladas.
La Justicia y el Poder Legislativo no pueden seguir haciéndose los distraídos ni dejar pasar semejante negociado, porque si no intervienen y auditan a fondo este contrato, no solo se convierten en espectadores de un despojo, sino en garantes de que la corrupción siga pagándose con el esfuerzo de todas las familias jujeñas.