Al menos 60 defensores ambientales fueron asesinados en Colombia en 2022, según el informe anual de la ONG Global Witness publicado este martes. El número de muertos en el país representó un 34% de los 177 que fallecieron en todo el mundo. Por su parte, América Latina representó el 88% de los asesinatos.
El 2022 fue testigo de una transición política en Colombia. El gobierno de Iván Duque -muy criticado por su inacción y por el llamado genocidio de dirigentes sociales- dio paso a la administración de Gustavo Petro, que asumió el poder en agosto de 2022, junto a la primera vicepresidenta afrocolombiana de Colombia, Francia Márquez.
“Su programa político es el primero de la historia del país que incluye expresamente la necesidad de proteger a las personas defensoras y abordar las causas que provocan los ataques contra ellas. Las cifras de 2022 de Colombia son un recordatorio elocuente de lo mucho que aún queda por hacer y de su apremiante urgencia”, resalta el informe.
Es que, a pesar de que Colombia ratificó en octubre de 2022 un importante acuerdo regional jurídicamente vinculante que obliga al Gobierno a prevenir e investigar estos ataques, la cifra que se dio a conocer este martes casi duplica el número de asesinatos registrados en 2021.
“En Colombia, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los pequeños agricultores y los activistas ambientales fueron vilmente atacados”, dijo a periodistas durante una conferencia virtual Laura Furones, asesora principal de la Campaña de Defensores de la Tierra y el Ambiente de Global Witness.
“Es una cifra realmente vergonzosa para el país”, expresó por su parte la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, a través de un video.
Brasil y México fueron el segundo y tercer país más mortales para los ambientalistas en 2022, según el informe, con al menos 34 y 31 asesinatos respectivamente. Los dos únicos países no latinoamericanos incluidos entre los 10 más peligrosos para los ambientalistas fueron Filipinas e Indonesia, según Global Witness.
“Perdí mi tierra, mi ciudad, mi trabajo de médico y mi estabilidad económica. Fui desterrado y obligado a exiliarme a miles de kilómetros de mi hogar”, dice Yesid Blanco, pediatra, exjefe de la única Unidad de Cuidados Intensivos de Barrancabermeja y líder ambiental colombiano.
Aunque su relato es fuerte y doloroso, al menos Yesid puede contarlo desde el exilio en Estados Unidos, a donde se mudó tras haber recibido amenazas de muerte por denunciar la existencia de un vertedero de residuos tóxicos en su ciudad.
Oneida Suárez Sánchez lucha en contra del desarrollo y la explotación minera en el departamento de Santander y su relato es desgarrador: “Desde 2019 las amenazas que he recibido son recurrentes. Y ente momento tengo una resolución de la Unidad Nacional de Protección que señala que hay riesgo extraordinario sobre mi vida. Me dieron un chaleco antibalas que no me sirve, un teléfono sin señal y un botón de pánico que dice la resolución que me lo deben entregar, pero nunca llegó. Son medidas que definitivamente no mitigan la violencia. De ningún gobierno he recibido una real protección”.
Por su parte, Yehudith Ayala Mosquera, líder ambiental de la Fundación Agroindustrial y Ambiental, enfatiza en que “si algo importante se debe señalar del informe es que 60 no es un número ni un dato; son personas, son defensores, que hoy ya no están, son voces que ya no podrán hablar más para ayudar a proteger y conservar”.
