En el Hospital de Orán se respeta la decisión provincial, convertida en ley, a pesar de los reclamos consulares.
El cobro a extranjeros en Salta continúa generando controversia.
Recientemente, la cónsul de Bolivia en San Ramón de la Nueva Orán, Felipa Huanca, fue a ver al director del Hospital San Vicente de Paul. Quería pedirle que considerara no cobrar la atención pública a sus compatriotas que no residen en nuestro suelo. El profesional, y funcionario de esa provincia, de manera formal, protocolar y cordial, pero firme, le dijo que hay una ley que respetar, defendiendo y manteniendo las decisiones y posturas ejecutivas.
Se reunieron el 13 de agosto pasado, a pedido de la cónsul, “y uno de los planteos que nos hizo es que había muchos compatriotas que le reclamaban que no pueden acceder a los servicios del hospital por el cuadro arancelario que tenemos, que es ley. Primero empezó como decreto de necesidad y urgencia, a partir del 28 de febrero, y posteriormente se convirtió en la ley 8.421. Le expliqué que no nos apartaremos de la ley porque somos funcionarios públicos y debemos hacer cumplir y respetar las leyes, tanto nacionales como provinciales. Aunque fue una reunión muy amena y cordial, tuvo la firmeza de nuestra decisión”, dijo Fabián Valenzuela, director del nosocomio.
Los recursos con los que cuenta Hospital San Vicente de Paul también forman parte de las consideraciones: “somos un hospital centralizado, no manejamos presupuesto, dependemos del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Y conforme a la demanda que vamos teniendo, la demanda histórica, vamos haciendo una previsión de todos los insumos y gastos que va teniendo el hospital. Estábamos en un situación, el país la vive, económica y presupuestaria, en la que los entes público, y particularmente nuestra provincia, se maneja con el presupuesto 2023, que es una prórroga del realizado en 2022. Y por una situación inflacionaria del año pasado y en este tiempo, prácticamente consideramos que el dinero está licuado. Con lo que antes comprábamos 10 insumos hoy compramos 1 y medio, o quizá 2. Es una situación presupuestaria muy delicada que pasamos todos los hospitales”.
“Había que empezar a priorizar y optimizar los recursos que tenemos, y priorizamos a los salteños y argentinos en cuanto a los servicios de salud”.
En el encuentro con Valenzuela, la cónsul de Bolivia dijo que necesitaban que se restituyan los servicios a los ciudadanos bolivianos, y después de que le explicaron los alcances de la ley, habló de un arancel diferenciado o convenio. Le dijeron que la herramienta legal no otorga diferenciación en cuanto a aranceles por ciudadanía, ya se trate de un residente de Bolivia, Chile u otro país.
“Para todos es igual; el cuadro arancelario es igual para extranjeros y obras sociales, se maneja el mismo. La ley expresa que hay que regirse con el cuadro arancelario estipulado por el Instituto Provincial de Salud, la obra social provincial. Lo mismo que le paga el IPS a una clínica, paga a los hospitales por atender un afiliado de obra social o ciudadano extranjero”.
La ley salteña expresa que, cuando hay una urgencia o emergencia y una persona está en riesgo, se prioriza la vida y luego se hace el cobro pertinente, si corresponde. “Tenemos ejemplo que en el transcurso de que está esta ley tuvimos urgencias y fueron resueltas salvando la vida de personas y posteriormente realizando los cobros pertinentes. Se cobra a las personas o familiar encargado u tutor de las mismas”.
En el encuentro con Valenzuela, la cónsul Huanca también jugó la carta de la reciprocidad en la atención, y el director, a título puramente personal, consideró que “no hay reciprocidad porque son muy pocos los argentinos que van a una consulta ambulatoria a Bolivia. Muy pocos los argentinos que van a buscar un cardiólogo a ese país. La asistencia que nosotros podemos solicitar es el caso de una urgencia o accidente, una descompensación de urgencia, pero una consulta ambulatoria es muy difícil (que se concrete). Es lo que pasa con los ciudadanos de Bolivia que vienen a Argentina a buscar esos especialistas, un oculista por ejemplo. No hablaría de reciprocidad porque estamos hablando en otras condiciones. En la urgencia tenemos sobrados ejemplos en que, lamentablemente ciudadanos argentinos tuvieron desenlaces fatales por la falta de atención, y nosotros, mientras esté a cargo de la gerencia, no me gusta hacer lo que me hagan. Si no me gusta que no me atiendan en la urgencia, no es que no atenderé, priorizaremos la vida porque, además, la ley dice que tenemos que hacerlo. Esto no es “ojo por ojo, diente por diente”. Le dije que tampoco tenemos reciprocidad y le mostré los ejemplos en que salvamos la vida de ciudadanos extranjeros, y está demostrado por las boletas que los pagos se hicieron posteriormente a que el paciente esté estabilizado y en perfectas condiciones de salud”.
Si una persona cruza a Bermejo en chalana, y al bajar se quiebra un pie, “si paga, la atenderán en Bermejo. Si no, tiene que volver en la chalana”, dijo Valenzuela, indicando que, con la aplicación de la normativa, “el comportamiento de los pacientes es muy bueno, solo tenemos dos casos que se retiraron sin pagar, y están judicializados. Tienen denuncias por violar una ley provincial. La gente está acostumbrada y sabe que tiene que pagar. Concluyo que, si los ciudadanos bolivianos tienen esa molestia e hicieron un planteo a la cónsul, quiere decir que el hospital está cumpliendo la ley”.
