Censura en el Congreso de la Nación

La actividad, fue cancelada debido a la presión del kirchnerismo, inclusive el periódico Página 12, atribuye el acto de censura a la propia presidenta del cuerpo Cecilia Moreau.

Por su parte, Diego Pietrafesa, secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, celebró la suspensión de la presentación del libro y destacó que fueron "los trabajadores de APL" los que "impidieron este nuevo capítulo negacionista".

Con prólogo de Juan Bautista “Tata” Yofre, el nuevo libro del periodista José D’Angelo describe con abundancia de pruebas y con 10 ejemplos testigo, cómo -desde la Secretaría de DD.HH. y el Ministerio de Justicia de la Nación- se han adulterado historias y modificado documentos públicos para el pago fraudulento de multimillonarias indemnizaciones a supuestas víctimas de la represión ilegal del Estado.

Además, se investiga la posible falsificación de historias y documentos públicos por parte de funcionarios de la Secretaría DDHH y el Ministerio de Justicia de la Nación para facilitar una multimillonaria estafa con los desaparecidos.

“Este libro es la copia fiel de una denuncia penal que presenté en Comodoro Py en noviembre de 2019. Los casos aquí narrados han sido denunciados en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4, cuyo titular es Ariel Lijo. La causa ha sido caratulada como ‘NN s/Estafa’, de ahí el título del libro″, explicó, contundente, el periodista. La hipótesis de D’Angelo, la cual sustenta con pruebas, es que “desde la Secretaría DDHH y el Ministerio de Justicia de la Nación se han falseado historias y adulterado documentos públicos facilitando una multimillonaria estafa con los desaparecidos”, dijo en Radio 2 José D'Angelo.

Un ejemplar por día vendía el libro “La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones”, antes de que las autoridades de la Cámara de Diputados ordenaran suspender el acto programado en la Biblioteca del Congreso, en el que el autor iba presentar la obra, junto con el legislador Alberto Asseff y el analista político Rosendo Fraga.

Sin embargo, al día siguiente del acto de censura, antes de las 10 de la mañana, ya se había vendido entre 40 y 50 ejemplares.

Según estimaciones, a valores actuales 3500 millones de dólares las indemnizaciones pagadas. Una indemnización es equivalente al sueldo más alto de la administración pública nacional multiplicado por 100.

Para saber el monto total hay que multiplicar el resultado por 7996, que son los pagos que se hicieron hasta diciembre de 2022. Los pagos los hace el Ministerio de Economía, pero los autoriza la Secretaría de Derechos Humanos.

Más allá de las opiniones de cada sector sobre el contenido del libro resulta inaceptable en una sociedad democrática un acto de censura de estas características que es indudablemente violatorio del derecho a la libertad de expresión y de prensa y del derecho al acceso a la información consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que la integran.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “la censura previa supone el control y veto de la información antes de que ésta sea difundida, impidiendo tanto al individuo, cuya expresión ha sido censurada, como a la totalidad de la sociedad, a ejercer su derecho a la libertad de expresión e información.” al mismo tiempo el organismo ha sostenido que “el derecho a la libertad de expresión y pensamiento está indisolublemente vinculado a la existencia misma de una sociedad democrática; la discusión plena y libre evita que se paralice la sociedad y la prepara para enfrentar las tensiones y fricciones dentro de la misma. Una sociedad libre, hoy y mañana, es aquella que pueda mantener abiertamente un debate público y riguroso sobre sí misma”.