Hoy, ese pueblo está representado legalmente por la abogada Silvina Llanes, quien ante la inacción de la Justicia jujeña decidió llevar la causa al fuero federal, más precisamente a los tribunales de Comodoro Py, acusando al Gobernador Gerardo Morales de robo, usurpación y abuso de autoridad.
Ella misma cuenta que, entre otras razones, decidió llevar la causa a estos tribunales para hacer notar las irregularidades entre las que está la construcción del establecimiento educativo citado, marcando que los pobladores de Caspalá no se oponen a la construcción del mismo siempre y cuando se desarrolle en un terreno destinado para tal fin, y no en la cancha de fútbol de la localidad que aun hoy intentan defender.
De acuerdo a la letrada, ese espacio fue cedido por un tal Lazáro Chapor, y defendieron el espacio deportivo “porque para ellos no es solamente un centro de recreación y deportes, sino que en ese predio se realizan todo tipo de actividades. Era tocar un patrimonio afectivo”.
Emprendimiento turístico
Además de los intereses explícitos, tanto para Llanes como para distintos miembros de la comunidad “no hay interés de una escuela sino de un emprendimiento; en el caso de la escuela solo tenemos 20 matriculados en primaria y 30 en secundaria”
La causa se denomina “Gerardo Rubén Morales y otros”, contó; “es una causa que recién empieza”. También denunciaron al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas “porque no se realizó correctamente el relevamiento territorial que se necesita para determinar que un territorio es comunitario. Estamos en etapa de investigación, aportando pruebas y muy conformes con el accionar de la fiscalía”.
En cuanto a la figura de robo, señaló que “se refiere a que en Caspalá se toma la cancha para realizar una escuela que ya tiene un predio cedido. Cuando ingresaron y destrozaron la cancha manifestaron que desde la comunidad pidieron que se compre un predio para hacer una cancha cuando ya la tenían. El predio que se tenía para la escuela fue cedido para hacerla: con el decreto 89 de 2015, cuando Coronel era Comisionado Municipal, se hizo una sesión ratificando esto: la escuela tenía el predio, no era necesario destruir la cancha, que es ícono para la comunidad”.
Gerardo Morales en la Justicia Federal, denunciado por robo, usurpación y abuso de autoridad
Firmas falsas
“Inician la construcción, expropian las tierras de Pablo Cruz para hacer la nueva cancha porque dijeron, con una nota, que se realizaron las denuncias correspondientes en el Ministerio Público de la Acusación toda vez que la misma tiene firmas que los pobladores no reconocen como tales. (El actual Comisionado Municipal) Natividad Apaza presentó una nota: cuando fuimos en febrero a ver cómo estaba la cancha ingresamos para hablar con alguien de la Comisión Municipal, siendo atendidos por una de las vocales, y ni bien ingresamos vimos la nota. Mucha gente dijo que no la había firmado y que tampoco dijeron que pedirían que se compren terrenos para hacer la nueva cancha. Natividad Apaza presentó, en los medios se ve que presentó, una nota al gobernador solicitando la compra de terrenos para hacer la nueva cancha. Cuando la gente se enteró de esto, el 18 de noviembre, la infantería dijo: “acá se hará la escuela”, y cuando intentaron defender la cancha fueron golpeados, se les iniciaron causas y no hay imputación a la fecha”, explicó Llanes.
Usurpación
Por otro lado, la abogada contó que “la usurpación se produjo cuando fuimos a Caspalá a informarnos de la magnitud del problema. Me reuní con varias personas de la comunidad y les dije que me mostraran la documentación que tenían para negarse a construir la escuela ahí, para poder fundamentar las acciones que estábamos evaluando con el equipo, y nos dimos con que la cancha forma parte de una finca, de la cual la titular de dominio es María Liberata Apaza. En la Dirección de Inmuebles solicitamos información porque imaginemos que, al ser fincas indivisas, vienen de hace mucho tiempo de esa manera, porque la gente, más allá de que tiene su título, se manejó siempre de manera comunitaria. Tiene título putativo, porque es la posesión misma. En la audiencia que tuvimos por la prohibición de innovar que presentamos, porque verificamos los títulos que teníamos, iniciamos el desalojo del Estado provincial para que dejen de destruir. Esa es la causa principal en lo civil. Dentro de la misma solicitamos una medida de no innovar para evitar que se siga destruyendo el patrimonio. Estamos en dos fueros, civil, penal y federal”.
26 de abril
Lo próximo en la causa, de acuerdo a la abogada, es que el 26 de abril esperan “acreditar sobradamente lo que comentamos de esta parte de la cancha: que integra una masa de extensión de tierra más grande y tiene titular. Habrá una vista popular el 26 de abril en Caspalá. Allí mostraré a la justicia que se metieron en propiedad privada, que la cancha forma parte de la propiedad privada. En este caso no es comunitario porque tiene título, si lo tiene no es comunitario, y ahí generan el conflicto entre los propios pobladores. La mayoría quiere que Tierra y Vivienda haga el plano urbanizado de lo que es el pueblo, pero no tomaron en cuenta que el pueblo, si bien tiene sus casas, su capilla, su escuela, la Comisión, también tienen los rastrojos, el campo adentro y campo afuera, rastrojo, tienen animales que tienen que pastar y no se los va a circunscribir en un pueblo. Buscando todas las pruebas encontramos una declaración jurada en la cual Tierra y Vivienda les hacía firmar a los pobladores que ellos no tenían otro inmueble, que adjudicarían su tierra cuando la misma posesión se las daba. No es que les estaban haciendo un favor, eso se impugnó”.
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Fotografía: captura de video de marcha en Caspalá
Antigales
Llanes recordó el malestar del pueblo cuando no los escucharon, cuando se expropiaron tierras, cuando pidieron que la escuela se construya en el lugar designado, cuando las máquinas ingresaron al predio y encontraron antigales.
“Esto me llevó a concurrir a las entidades nacionales; se mandaron notas al gobernador para que los reciba y analizar cómo resolver el problema, para dialogar. Habla de diálogo y les cerró la puerta a los pueblos originarios. De hecho, la Secretaría de Pueblos Originarios también les cerró la puerta, ni los atendió. No hay diálogo, solo existe para unos pocos los que convienen”.
“En la provincia no hay seguridad jurídica; trabajar como abogado también es complicado. Uno trata y quiere hacer justicia y se van cerrando las puertas, por eso tenemos que abrir las ventanas”, dijo.
