El gobierno jujeño habría "falsificado documentación" para financiar la escuela de Caspalá

• En la causa por supuesta defraudación a la administración pública, la fiscal sostiene que el Plan de Manejo Ambiental tiene "burdas contradicciones".
• Los funcionarios involucrados en el proyecto de la escuela tenían conocimiento de la alta sensibilidad arqueológica del lugar.
• Sostiene que de no haber falseado la documentación, los $43.000.000 que envío el gobierno no habrían sido desembolsados.

Las repercusiones políticas y mediáticas sobre el caso Caspalá incrementan conforme se despide el año 2024. Medios nacionales han replicado la decisión de la jueza federal Carina Inés Gregoraschuk de avanzar hacia la próxima instancia de una causa que compromete seriamente a destacados miembros de la administración gubernamental. Conforme pasan los días nuevos datos se conocen de la causa, entre ellos los argumentos empleados por la agente fiscal a cargo de la investigación para proceder con la Investigación Penal Preparatoria.

Mientras se espera que el gobierno jujeño cumpla el convenio para retirar sus máquinas y restituir los terrenos afectados a su estado original cuanto antes, la causa gemela compromete aún más a los siguientes funcionarios: la ex ministra de Educación, María Teresa Bovi; la titular de la Secretaría de Infraestructura Educativa, María Victoria Martínez Fascio, y el director de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura de esa cartera, José Raúl Torrejón; la asesora legal de ese ministerio, María Cecilia Rotondo; el ex asesor legal de la Fiscalía de Estado jujeña, Diego Montenovi y el excomisionado municipal de Caspalá, Natividad Apaza.

Durante los próximos 45 días, la IPP contra este grupo de funcionarios del gobierno jujeño se desarrollará con el análisis del material probatorio, la posible ampliación en la nómina de imputados por parte de la querella y otras tareas desarrolladas por la fiscalía a cargo de Lucía Orsetti.

Es justamente esta funcionaria judicial a cargo de la Unidad Fiscal con sede en nuestra provincia quien ha sostenido que no solo la zona en conflicto, si no todo el pueblo de Caspalá posee una “alta sensibilidad arqueológica”. A su parecer los funcionarios imputados, aún teniendo conocimiento de esta situación, cometieron delitos que encuadran como fraude a la administración pública toda vez que se utilizaron declaraciones falsas para confeccionar el Plan de Manejo Ambiental, fundamental para arbitrar la llegada de fondos superiores a $43.000.000 que finalmente no fueron ejecutados para el fin original (Escuela Secundaria N°57).

A este cálculo corresponde sumar el gasto que supone la puesta en marcha del aparato administrativo y burocrático del Estado Nacional, de cara a la gestión de una licitación pública nacional. Se trata de recursos humanos y materiales muy valiosos que se utilizaron infructuosamente A este cálculo corresponde sumar el gasto que supone la puesta en marcha del aparato administrativo y burocrático del Estado Nacional, de cara a la gestión de una licitación pública nacional. Se trata de recursos humanos y materiales muy valiosos que se utilizaron infructuosamente

Desde el gobierno se ha sostenido, incluso antes del conflicto que derivó en episodios represivos contra la comunidad Kolla, que existía consenso con los pobladores para la ubicación del edificio en el predio de la disputada cancha, siendo que era el único apto para la construcción, teniendo en cuenta las características geográficas de la zona.

El ex comisionado municipal Natividad Apaza, afirmó en reiteradas oportunidades esta versión, fungiendo como un intermediario, aunque la existencia de esos diálogos/consulta previa, fueron permanente desmentidos por los vecinos interesados en conservar un sitio que consideran de rico valor cultural y espiritual. Por ello Apaza fue imputado por incumplimiento de los deberes a su cargo, en calidad de autor “al no haber cumplido con la ley provincial de patrimonio cultural y natural de la provincia de Jujuy”.

Publicado en el sitio oficial fiscales.gob.ar perteneciente al Ministerio Público Fiscal, se dieron los fundamentos completos empleados por la fiscal Orsetti que derivarían hasta la audiencia virtual efectuada una semana atrás, donde la magistrada a cargo daría a conocer causa de imputación a los seis funcionarios involucrados.

En el comunicado también se señala “las contradicciones internas burdas reflejadas en el Plan de Manejo Ambiental”, consistentes en:

• Que el lugar no era “un parque o una zona utilizada habitualmente para recreación de la población”.
• Que no se trata de “puntos culturales, religiosos o históricos del país”.
• Que no se trata de “sitios con características arqueológicas o paleontológicas”.
• Que no “existen pueblos indígenas en el área del proyecto o [que] se realizará el mismo en una comunidad indígena”.
• Que no “existen actividades no vinculadas con el proyecto que se estén desarrollando con o sin permiso en el sitio y que deban ser desplazadas a consecuencia del desarrollo del proyecto”.