La causa “Pibes villeros” se encamina al juicio oral
Tras el pedido de elevación a juicio realizado por la fiscalía de investigación a cargo de Diego Cussel, la defensa de los acusados de integrar una banda de asociación ilícita liderada por Milagro Sala, optaron por elegir como estrategia simplificar el recorrido del expediente y buscar rápidamente que se inicie el proceso de juzgamiento ante un tribunal, para intentar demostrar allí su inocencia.
Según la investigación, 31 personas conformaron una banda que se dedicó durante todo 2015 a sustraer dinero público que llegaba a cuentas provinciales para la construcción de obras para mejorar el hábitat en los barrios.
El monto literalmente robado se aproxima a los 60 millones de pesos según los datos recabados por el fiscal.
El modus operandi es el conocido por todos los que siguen el caso: la autoridades de la provincia suscribía convenios con el ministerio de planificación federal para la llegada de obras, las mismas eran adjudicadas a las cooperativas quienes tenían la responsabilidad de realizarlas.
Sin embargo, el dinero era extraído de los bancos en efectivos, fraccionado en cheques de cincuenta mil pesos, y trasladado en bolsos con destino incierto.
Las obras nunca se realizaron.
El pasado 22 de diciembre, la fiscalía dio por concluida la investigación y consideró que tenía elementos suficientes para solicitar la elevación a juicio de la causa.
La novedad está dada en que buena parte de los imputados escogieron como estrategia defensiva no oponerse al juicio oral, si no por el contrario, procurar que se aceleren los tiempos para intentar demostrar su inocencia ante un tribunal.
El escenario parece ser claro: la mayoría de los acusados intentará descargar toda la responsabilidad en Milagro Sala y su círculo íntimo, argumentando que la líder de la Tupac utilizaba la fuerza para obligarlos a ser parte del esquema de asociación ilícita sin interferir en la captación del dinero.
La causa es la primera que llegaría al juicio oral por un delito relacionado con la corrupción, en donde la dirigente y sus ex socios serán juzgados por sospechas de fraude con los fondos públicos que supieron administrar durante una década.