Las habilitaciones podrían haber violado la ley
La ludopatía y la exposición de los menores a un vicio como el juego colmaron la paciencia de los ciudadanos y motivó la reacción del gobierno.
El oficialismo impulsó un combo de leyes que apuntarán a controlar la actividad de aquí en adelante, pero también obligan la revisión de todos los contratos que dejó como herencia la gestión Fellner-Jenefes al nuevo gobierno.
Hasta hoy y durante dos décadas, la autoridad encargada de controlar el funcionamiento de los casinos en Jujuy fue el Banco de Acción Social.
El directorio que permaneció en funciones hasta el 10 de diciembre de 2015 fue denunciado en más de una ocasión y está sospechado porque lejos de controlar, habría formado parte del negocio junto al poder político local.
Es lo que intentarán desentrañar legisladores y funcionarios de la nueva gestión en la comisión que se creó específicamente para este fin.
La trampa jurídica, como la definió el propio gobernador Gerardo Morales, parece tener un error: las autorizaciones que otorgó el Banco de Acción Social a las empresas concesionarias no habrían tenido en cuenta las exigencias de la ley de contrataciones del estado, que obliga a realizar llamados a licitación cada vez que el estado le otorga la explotación de un negocio a empresas privadas.
El directorio del banco prorrogó los contratos en forma arbitraria durante años.
Así lo reconoció el diputado radical Osvaldo Cuellar.
Mientras tanto, la actividad de los casinos luce descontrolada en toda la provincia.
Al exceso que quedó en evidencia en la calle Alvear, se suma la delicada situación en el interior de la provincia.
Los casinos permanecieron durante años librados a su suerte. Su aporte al estado fue mínimo. Sus vínculos con el poder, muy fuertes. Con vestigios de impunidad, fueron ganando terreno. Como consecuencia de un exceso, se ganaron el repudio de la sociedad, que les puso un límite.