Juegos de azar: ¿saltó la banca?
Acorralado por todos los frentes, el empresario kirchnerista Cristóbal López le habría transferido a su socio histórico Ricardo Benedicto las acciones de Inverclub, una sociedad hasta ahora integrada por López (30%), Benedicto (30%), Juan Castellanos Bonillo (30%) y Héctor Cruz (10%). La empresa opera los barcos casino de Puerto Madero, el City Center de Rosario (en sociedad con la española Cirsa), el casino de Neuquén, tres bingos en la provincia de Buenos Aires y el Dania Beach Casino de Miami. La operación ingresó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que deberá dictaminar sobre su viabilidad.
En forma paralela, también negocia la venta de su participación en Casino Club, que tiene la misma composición que Inverclub y participa en la unión transitoria de empresas que maneja las tragamonedas del Hipódromo junto con Haspa (Federico de Achával). Además, opera 11 salas de juego y 15 de máquinas tragamonedas en seis provincias. López había empezado en febrero pasado una negociación secreta con sus socios de Cirsa. Las tratativas duraron dos meses, pero finalmente no hubo acuerdo en el monto de la operación y el trato no se cerró.
En la Capital Federal, el Hipódromo de Palermo y el Casino Flotante facturan por día sumas millonarias. De la totalidad de las apuestas el 90% debe volver en premios, según la ley vigente. Cabe recordar que el negocio de las tragamonedas en la Capital comenzó en 2002. El 5 de diciembre de 2007, pocos días antes de dejar Néstor Kirchner la presidencia de la Nación en manos de su esposa, extendió por un escandaloso decreto la concesión de las máquinas del Hipódromo hasta 2032.
Factores de distinta índole habrían empujado a López a tomar la decisión de desprenderse de su participación en las empresas de juego. Entre ellos, las presiones del gobierno porteño, que quiere restringir el juego en la ciudad y cobrarle Ingresos Brutos retroactivamente por una suma que oscila entre los 4000 y 4500 millones de pesos; de la administración nacional, que le reclama una deuda de $ 8000 millones del impuesto sobre los combustibles, y de la Justicia, que puso veedores en varias de sus empresas y lo investiga, junto con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la causa Los Sauces.
Además, hace pocos días, el gobierno nacional concretó el traspaso del control del juego a la ciudad de Buenos Aires, que prevé comenzar a cobrarles impuestos a los operadores. Para ello creó una comisión de enlace, integrada por miembros de Lotería Nacional y del Instituto de Juegos de Apuestas porteño, para que en un plazo no superior a 120 días hábiles se diagrame un cronograma de trabajo pormenorizado para perfeccionar la asunción de competencias en la materia por parte de la ciudad de Buenos Aires. De esta manera, cuando se efectivice el traspaso, la Ciudad tendrá el control y la fiscalización del Casino Flotante de Puerto Madero y de la operación de juego del Hipódromo de Palermo.
El aparente alejamiento de Cristóbal López de las empresas que explotan los juegos no debe constituir un relajamiento en la decisión de las autoridades de restringir y limitar el juego en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Por el contrario, se deberá seguir generando conciencia sobre lo dañino y perverso de la proliferación de estas ofertas del juego y sus consecuencias, en tanto constituyen un serio obstáculo social, político, moral y cultural para erradicar la pobreza y promover el desarrollo integral de todos.