Cannava: un modelo que desnuda el nepotismo en Jujuy

En 2020, en medio de la cuarentena Gastón Morales recibe un préstamo de la provincia por 50 millones de pesos para cultivar marihuana.

En 2021 Morales autoriza a su hijo Gastón unos 26 millones de dólares del presupuesto 2021 para Cannava.

En 2022, un total de 78.128.348 pesos se habrían destinado a la construcción de los predios, más otros 150 millones adicionales para el mismo propósito. Ese mismo año, se invirtieron entre 2,3 y 3,4 millones de dólares para la compra de equipamientos. Más adelante se invirtió otro millón de dólares en el mismo sentido.

En 2023, Jujuy asignó fondos específicos para la empresa Cannava en el área de ciencia y técnica por un monto total de 112.160.576 pesos.

Luego, en 2024, Carlos Sadir inyectó a la misma empresa estatal, 2.610 millones de pesos y eso quedó registrado en el boletín oficial recién en octubre de 2025. Todo esto se da en un marco en el que personas como el abogado Juan Giusti señalan que se financió un emprendimiento familiar sin sustento real, y donde los desembolsos se hicieron fuera de los sistemas de control habituales: el Tribunal de Cuentas que tras su modificación se convirtió en la auditoría de la provincia, e incluso la propia Legislatura, que está para controlar y terminó mirando para otro lado.

Cannava ha recibido millonarias transferencias como he detallado sin presentar balances ni rendir cuentas sobre siete cosechas realizadas desde 2019 sin proporcionar ningún tipo de información.

Lo realmente grave es el despilfarro en emprendimientos que terminan siendo inviables: el negocio del aceite no tenía mercado y los morales cambiaron la estrategia y comenzaron a exportar flores de la variedad “blueberry” conocida por su alto contenido de THC, componente alucinógeno. Pasaron del cannabis medicinal al recreativo.

Pero en rigor, además de la inviabilidad del negocio inicial el giro comercial se produce a partir de una resolución de la entonces ministra de Salud de la nación Carla Vizotti creando la categoría de productos vegetales a base de cannabis y sus derivados destinados al uso y aplicación en la medicina humana, los cuales conforman una categoría diferente a los productos ya regulados como medicamento.

Morales además, desde la concepción del emprendimiento le mintió a la gente con temerarias declaraciones periodísticas que llamaron la atención por dos razones: su magnitud y su explícita intención de convertir la venta de marihuana en una política de estado.

La caracterización de la cannabis como “política de Estado” en Jujuy implicaba un diseño de políticas públicas que debía trascender a iniciativas locales tradicionales. Más allá de la economía, hay dimensiones sociales que no deben subestimarse. La transición productiva hacia un cultivo regulado conlleva impactos en empleo rural, estructura de ingresos, uso de tierras y efectos sobre economías locales, especialmente en zonas de cultivos históricos como tabaco o todo lo vinculado a la agroindustria.

También está la cuestión de la percepción social: la ciudadanía puede apoyar iniciativas de diversificación productiva o, por el contrario, manifestar preocupaciones sobre seguridad, legitimidad de las inversiones y posibles efectos en comunidades cercanas a cultivos regulados. En ese marco, la comunicación pública debe acompañarse de transparencia, consultas sociales que nunca se hicieron.

Un punto clave es la realidad institucional: para que una “política de Estado” funcione, se requieren marcos normativos claros, estabilidad institucional y mecanismos de rendición de cuentas y la verdad que nada de esto está claro en esta gestión radical en donde las aberraciones han superado largamente a la normalidad.

La afirmación de Morales pone sobre la mesa una discusión sobre diversificación productiva y el papel del cannabis en la matriz económica de Jujuy. Su viabilidad depende de un diseño regulatorio serio, una evaluación de impactos integral y un proceso de consulta social y política que asegure legitimidad y sostenibilidad. Este gobierno no tiene ninguna capacidad moral ni intelectual para ejecutar estas condiciones.

Pero las aberraciones en el negocio de morales no son visibles para el sentido común y si para los cómplices en la legislatura a los que se les paga para ejercer el control. Sin embargo, desconocieron el mandato del pueblo y se ocuparon de tapar las inequidades cometidas por el ex gobernador como es el caso del contrato inicial con la empresa Players Networks, comprometiendo 10 mil hectáreas de la finca el pongo por 90 años para el cultivo de cannabis. La escribanía de gobierno, ex legislatura, nunca se pronunció sobre que utilidades iban a generar esas hectáreas ocupadas para el hospital Zabala. Pero además, las características aberrantes del negocio con 95 por ciento de las ganancias por productos elaborados y 70 por ciento de las utilidades por el cogollo para la empresa privada muestran a las claras la inutilidad para negociar cuando la plata no es tuya y con el agravante de que nadie pone límites a tanta incompetencia.

En tiempos complejos por el avance del consumo problemático, cuando ya se está viendo cómo este fenómeno desarma comunidades enteras, resulta inaceptable que se utilice la experiencia de un cultivo regulado como pretexto para justificar una ampliación desmedida del gasto público en actividades que, por definición, deben estar sometidas a límites severos y a controles estrictos y transparentes.

Una “fábrica de veneno” con dinero público como lo definió el abogado Alberto Nallar o la “marihuanera” como la definió la Dra. Cristina Guzmán. Es una aberración, no es solo un juicio moral, es una llamada a la responsabilidad institucional: cualquier uso de fondos públicos para promover, financiar o facilitar industrias reguladas que puedan generar riesgos para la salud pública debe estar bajo escrutinio público intenso y permanente.

En un marco democrático, la discrecionalidad de quienes se creen los dueños del estado no puede convertirse en una licencia para eludir controles, para justificar inversiones que amplían la vulnerabilidad de la población más castigada por el consumo problemático. La ciudadanía tiene derecho a exigir límites claros: reglas de juego claras, mecanismos de rendición de cuentas, auditorías independientes y un reparto de costos y beneficios que no se cargue sobre las espaldas de las comunidades vulnerables.

No basta con afirmar que la regulación del cannabis o la diversificación productiva son respuestas necesarias ante una economía que necesita dinamismo; hay que demostrar con datos, con planes, con calendarios y con evaluaciones periódicas que esas políticas no agravan los problemas existentes, sino que los abordan de manera responsable y sostenible.

La crítica no niega la necesidad de diversificación ni el interés público en explorar nuevas cadenas de valor; lo que exige es un marco de integridad: transparencia en la titularidad de proyectos, claridad en los criterios de asignación de recursos, involucramiento real de actores sociales y, sobre todo, límites precisos a la discrecionalidad política.

Estos procesos que se gestionan si experiencia científica comprobable cuya dirección está en manos de personas vinculadas a figuras políticas, sin una trayectoria clara en temas técnicos que corresponden a sectores tan delicados como la biotecnología, la agroindustria o la economía productiva elevan la sospecha de que solo priorizan apuestas políticas o intereses cercanos al poder por encima de criterios técnicos, transparentes y de responsabilidad social.

En definitiva, cuando se pretende usar fondos públicos para facilitar una industria regulada que podría traer consigo riesgos sociales y sanitarios, la demanda de la sociedad es inequívoca: menos miradas pintadas de pragmatismo y más visibilidad, menos promesas de cambio sin evidencia y más responsabilidad concreta. Solo así la política puede volver a ganar confianza y evitar que decisiones que deberían ser de interés general se conviertan en ejercicios de poder que benefician a unos pocos.