El Senado brasileño oficializó la intervención militar en Río de Janeiro
El Senado de Brasil aprobó, con 55 votos a favor, 13 en contra y una abstención, el decreto del Gobierno que determinó una intervención federal en la seguridad pública de Río de Janeiro, que pasa a manos del Ejército hasta finales de 2018.
Con la aprobación en pleno del Congreso Nacional, ya que la Cámara baja también lo había hecho la víspera por amplia mayoría (340 votos a favor y 72 en contra), la disposición decretada el viernes pasado por el presidente de Brasil, Michel Temer, queda oficializada y desde ya cuenta con aval completo para regir.
La intervención cede a los militares el control para acabar con la ola de violencia que desangra a ese estado desde hace meses y que el año pasado causó 6.731 muertes, entre las que se cuentan las de más de 100 policías y diez niños alcanzados por las llamadas "balas perdidas".
Tras el primer megaoperativo militar, que comenzó el lunes, los episodios de violencia se repitieron este martes en Río: fue asesinado un sargento del Ejército víctima de un intento de asalto, y en otra acción conjunta, fueron detenidos al menos once presuntos delincuentes en una favela de la zona norte.
El senador Eduardo Lopes, del conservador Partido Republicano Brasileño (PRB) y que fue relator del decreto de intervención, defendió la medida y reconoció que la intervención es un acto excepcional que "no puede ser banalizado".
Según él, la aprobación del decreto permitirá que se garanticen derechos constitucionales como vida, libertad, seguridad y propiedad.
"Sabemos que esta no es (una problemática) exclusiva de Río de Janeiro. Hay altos índices de violencia en otros estados, pero sin duda la situación de Río repercute mucho más, tanto en el país como internacionalmente", enfatizó.
Desde el mismo momento en que fue decretada la medida, esta fue cuestionada por organizaciones humanitarias y analistas que evidenciaron su preocupación por una intervención federal que dará poder al Ejército sobre la seguridad del estado de Río de Janeiro.
La decisión de Temer "va en la dirección equivocada porque parece indicar una estrategia militarizada frente a los gravísimos problemas de seguridad pública de Río", dijo César Muñoz, vocero de HRW Brasil.