- El plan de urbanización de barrios populares, alternativa post pandemia.
- Lo apoyan opositores, oficialistas, organizaciones sociales, sectores de clase media y alta.
- Sería el destino de un hipotético “impuesto a la riqueza”.
4.416.
Ese es el número ganador.
No se trata de la quiniela ni de un juego de azar, sino de una cifra que encontró una rareza para los últimos 100 años de la sociedad argentina: superar la fragmentación.
4.416 es el número de villas y asentamientos que hay en el país, según contabilizó el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), que logró darle contenido a la ley 27.453 de Integración Socio Urbana, una convergencia inédita entre sectores medios y barrios pauperizados de la Argentina. Todos estuvieron de acuerdo en algo: así no se puede seguir.
La norma se aprobó por unanimidad en las cámaras de Diputados y Senadores en octubre de 2018, en el anteúltimo año de gobierno de Mauricio Macri, y conserva impulso durante los primeros meses de su sucesor Alberto Fernández, para buscar reactivación de la mano de la obra pública, pese a las circunstancias excepcionales que generó la pandemia de coronavirus.
Barrios populares es un eufemismo. Alude a las villas y asentamientos que nacieron como cordones de pobreza durante el último siglo y se multiplicaron desde el año 2.000.
Tienen como característica común agrupar a 8 o más familias en sitios donde al menos la mitad carece de agua potable, cloacas y servicio de luz. Pero además, las personas que viven allí tampoco tienen títulos de propiedad de los terrenos que habitan. Les falta lo tangible y lo intangible. No tienen servicios pero tampoco un domicilio legal.
Se calcula que 4 millones de personas viven en esa condición en Argentina. Nada menos que el 10% de la población.
El plan original se planteó realizar una inversión de 26 mil millones de dólares en 20 años para abordar de modo integral la situación de los 4.416 barrios relevados.
Durante una conferencia de prensa con periodistas de Jujuy y Salta, de la que participó JujuyAlMomento, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, sostuvo que se trata de “una ley de todos”, recordando que él la apoyó siendo diputado opositor y que ahora intentará ejecutarla desde el gobierno.
El funcionario brindó además un adelanto inédito: dijo que los recursos necesarios para comenzar a ejecutar los objetivos de la ley saldrán – en parte – del impuesto a la riqueza que cranean desde hace meses los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller. La idea, como tal, aún no ha ingresado al Congreso en forma de proyecto pero, por lo visto, el gobierno ya cuenta con ese tributo.
El economista Sebastián Welisiejko se desempeñó como Secretario de Integración Socio Urbana durante el gobierno de Mauricio Macri, y en su paso por la gestión les abrió la puerta a dirigentes identificados con el peronismo, quienes hoy lo reemplazaron. A pesar de ese enroque, los objetivos del plan, permanecen inalterables. Welisiejko lo apoya y destaca, sin reparar un segundo en algún recelo partidario.
“No importa si los recursos vienen del impuesto a la riqueza, de rentas generales o de donde sea. Hoy lo tangible es buscar lo que hay, yo rascaría la olla como sea, es lo más importante”, destaca.
¿De dónde sacar 26 mil millones de dólares?
La diferencia entre la palabra y los hechos es el presupuesto, dijo durante aquel debate en la cámara baja el actual ministro Arroyo. Ese tema aún está por definirse.
Welisiejko se muestra atento y señala que el programa ya tiene un flujo de dinero asegurado: el Impuesto País - que pagan mensualmente los ahorristas que compran los 200 dólares que ofrece el Banco Central - debe asignar un porcentaje al programa de urbanización de villas.
“Es una ramita para encender el fuego, todavía falta agregarle carbón”, indica de manera metafórica el ex funcionario del macrismo.
Semejante inversión, estudiada y apoyada por referentes de sectores tan disímiles, como el senador PRO Esteban Bullrich y el dirigente social Juan Grabois, encuentra rentabilidad en una visión holística, la integración de barrios cuyos habitantes en su mayoría hoy no tributan por sus actividades laborales y demandan prestaciones del estado, como el servicio de salud, por ejemplo, que podría ir demandando paulatinamente menos recursos en la medida que la población goce de mejores condiciones, según explica el economista.
Pero además, garantizar que las obras se canalicen en un 25% a través de cooperativas de organizaciones sociales, en barrios donde casi la mitad de la población económicamente activa trabaja en el rubro de la construcción, es otra manera de mover la economía.
La inclusión de las organizaciones sociales en la génesis del plan es la pata que brinda el anclaje en territorio, y también la llave para que sean las jurisdicciones las que reclamen su ejecución, “desde abajo hacia arriba”, al decir de Arroyo y Welisiejko.
En esas bases, hay una enorme expectativa por el plan.
José Chocobar, dirigente de Barrios de Pie en la provincia de Jujuy, a 1.700 kilómetros de dónde se deciden los destinos del plan, reconoce estar ante una oportunidad inédita.
“En los últimos 10 años, no sólo vemos a los barrios iguales si no que crecen, con microbasurales alrededor, que generan dengue, problemas estomacales y respiratorios por la quema de basura”, comenta.
Barrios de Pie es una de las organizaciones que, junto a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Iglesia a través de Cáritas y la ONG Techo, formaron parte del acuerdo de base que sirvió como impulso sólido para el plan.
Ante ese consenso, la política se sumó casi sin divisiones, atraída por un extraño caso de unanimidad. Un fenómeno difícil de conseguir en tiempos de grieta.