El Banco Mundial proyectó que la economía argentina crecerá 3,6% en 2026, en un contexto regional de bajo dinamismo, y advirtió al mismo tiempo sobre los costos y distorsiones del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, al que definió como un caso de política fallida con fuerte impacto fiscal.
El Banco Mundial estimó que Argentina crecerá 3,6% este año
El organismo destacó que el país será la única economía de la región con una mejora relevante, impulsada por el ajuste fiscal, la baja del riesgo y nuevos incentivos a la inversión.
La estimación forma parte del informe semestral “Panorama Económico de América Latina y el Caribe”, donde el organismo ubicó a la Argentina como “la única excepción” en una región que crecerá en promedio 2,1% este año. Según el documento, el país también registraría una expansión de 3,7% en 2027, luego de más de una década de estancamiento, con una caída acumulada de 0,4% entre 2011 y 2024.
El Banco Mundial atribuyó ese repunte a un giro en la política económica, centrado en un ajuste fiscal de shock que permitió pasar de un déficit significativo en 2023 a superávit primario y financiero. Ese resultado se logró, según detalló, a partir de recortes de gasto, reducción de ineficiencias administrativas y quita de subsidios energéticos a sectores de mayores ingresos.
En ese marco, el organismo también destacó la caída del riesgo soberano. Indicó que el diferencial del EMBI descendió desde niveles promedio de 2200 puntos básicos en 2022–2023 a menos de 600 en marzo de 2026, reflejando una mejora en la percepción de los mercados.
Entre los factores que apuntalan la recuperación, el informe mencionó el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que redujo la alícuota del impuesto a las Ganancias para determinados proyectos, y acuerdos internacionales considerados como “anclas externas”, como el entendimiento con Estados Unidos sobre minerales críticos y la ratificación del pacto entre el Mercosur y la Unión Europea.
Sin embargo, el Banco Mundial advirtió que persisten riesgos. Señaló que el Banco Central mantiene reservas netas negativas y que el acceso al financiamiento externo sigue limitado, lo que genera necesidades de financiamiento relevantes. A su vez, subrayó que el crédito al sector privado se ubica en torno al 15% del PBI, el nivel más bajo de la región, y que su recuperación dependerá de la continuidad del proceso de estabilización.
La advertencia por el régimen de Tierra del Fuego
En paralelo a estas proyecciones, el organismo dedicó un apartado específico al régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. En el informe “Revisitando la política industrial: opciones estratégicas para la actualidad”, sostuvo que ese esquema “es ampliamente considerado como un caso de política industrial fallida, empañada por interferencias políticas y fallas fundamentales de diseño que han persistido durante décadas”.
El régimen fue creado en 1972 con el objetivo de fomentar la población y el empleo en la isla mediante exenciones fiscales y beneficios comerciales. No obstante, el Banco Mundial afirmó que su estructura de incentivos resultó “mal concebida” y derivó en un costo fiscal estimado en unos USD 1070 millones anuales, sin mejoras significativas en productividad o tecnología.
El informe explicó que uno de los problemas centrales radica en las exenciones arancelarias a las importaciones, que otorgan ventajas de costos frente a productores del territorio continental. A eso se suma un crédito fiscal sobre el IVA que, en la práctica, no incentiva la innovación, ya que las empresas generan escaso valor agregado local.
Según el análisis, esta combinación de incentivos promueve la importación de insumos libres de impuestos para su reventa en el continente a precios más elevados, mientras se capturan beneficios fiscales. “Como resultado, el régimen de Tierra del Fuego representa un caso de falla de política persistentes, sustentadas menos por razones económicas que por consideraciones políticas. La actividad que apoya no es autosuficiente”, señaló el organismo.
En la misma línea, advirtió que las empresas radicadas en la isla “siguen siendo viables principalmente gracias a las importantes transferencias fiscales más que a los aumentos de su productividad o capacidad tecnológica”, lo que refuerza la dependencia del apoyo estatal y eleva los costos de largo plazo.
El Banco Mundial también cuestionó la extensión del régimen hasta 2038 sin condiciones de desempeño ni un esquema de salida. Alertó que la ausencia de “cláusulas de caducidad” puede generar incentivos perversos: “el apoyo ilimitado sin un procedimiento ni un cronograma para reducir la asistencia (…) puede proporcionar incentivos perversos, socavando el objetivo inicial”.
A partir de ese diagnóstico, recomendó que las políticas industriales incluyan mecanismos combinados de incentivos y desincentivos, con evaluaciones periódicas y objetivos dinámicos. Además, planteó que los programas fallidos deben ser utilizados como instancias de aprendizaje para rediseñar estrategias y orientar nuevas inversiones hacia sectores más productivos.
En un plano más amplio, el informe ubicó este tipo de experiencias dentro de un problema histórico de América Latina: la dificultad para adoptar nuevas tecnologías y mejorar la productividad. En ese sentido, recordó que países como la Argentina, que en el siglo XIX tenían niveles de ingreso comparables a economías europeas, perdieron terreno en el siglo siguiente frente a naciones que sí lograron incorporar innovación de manera sostenida.