Jujuy | Banco de Desarrollo

Banco de Desarrollo: el gobierno fracasó en silenciar el reclamo

El conflicto con la bancaria amenaza con paralizar la actividad en toda la provincia. El gobierno se niega a cumplir con lo que dicta la justicia nacional y termina dando pie a un reclamo que es incapaz de manejar. Se esperan días de paro en bancos y falta de recarga en cajeros.

En una improvisada maniobra, el gobierno jujeño, con la complicidad de sus legisladores y aliados de la oposición dentro de la casa de piedra, logró avanzar con la escandalosa disolución de la entidad bancaria.

A sabiendas de que la justicia no moverá un dedo en su contra porque le responde a él, Morales procedió sin mayores obstáculos retirando a escondidas documentación del banco mientras puertas afuera, los ex empleados instalaron un reclamo en la calle para visibilizar el problema.

El mandatario obligó a sus legisladores a ganar tiempo prometiéndoles cosas que jamás se cumplirían.

Mientras tanto, el recinto legislativo cumplía al pie de la letra, y sin cuestionar, las ordenes emanadas de casa de gobierno.

Pero el oficialismo se equivocó al creer que cerrándose al diálogo e imponiendo desde la soberbia se saldría con la suya sin inconvenientes. Este no es un gremio más de los que en Jujuy acepta obediente lo que le dan, hay un respaldo de la bancaria nacional que no puede, bajo ningún concepto, ser pasado por alto dadas las consecuencias que esto puede tener en la provincia.

El conflicto en torno al Banco de Desarrollo podría tener alcances aún mayores, como paro de actividades en los bancos de Jujuy y desabastecimiento en los cajeros automáticos.

Es que el avance veloz que hizo el gobierno de Morales de aprobar la ley 6234 para liquidar el Banco de Desarrollo llegó hasta la Justicia Federal.

El Poder Judicial de la Nación, a través del juzgado N° 65 de Trabajo, hizo lugar a la medida autosatisfactiva presentada y suspendió la aplicación de la referida ley provincial, donde priva de derechos a trabajadores del ex banco de desarrollo luego de la liquidación de esta entidad.

La resolución reza: “hacer lugar a la medida solicitada por la parte actora y, en consecuencia, ordenar a las demandadas Banco de Desarrollo de Jujuy S.E agencia de desarrollo S.E y Banco de Desarrollo de Jujuy en liquidación, para que en el término de tres días, suspendan la aplicación de la ley 6234/21 a los referidos trabajadores bancarios y hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”.

Los tres días citados pasaron hace rato, y con una actitud impune, el gobierno de la provincia intenta ignorar esta resolución. Lo llamativo fue que la medida se apeló en un tiempo casi instantáneo.

Tras la presentación que realizó el gobierno, la bancaria se encuentra trabajando en la contestación que, luego de ser analizada por la justicia, pasará a la siguiente instancia.

De todas maneras, no sorprende la actitud del gobierno provincial de soslayar una medida que emana de la misma justicia federal. Diversos referentes políticos que responden a morales se encargaron de minimizar el rol de un juez federal y su resolución.

Lo grave en esta situación es que, mientras se desarrolla esta contienda entre el gobierno provincial y la justicia federal, a los trabajadores de la entidad no les han pagado sus salarios, no le realizaron los depósitos para la seguridad social, e incluso tienen prohibido el ingreso a las instalaciones en calle San Martín y Senador Pérez, y optaron por instalar gazebos para visibilizar la situación irregular a la que los llevó la actitud displicente del gobierno de Morales.

Ahora se avanza en enviar una carta documento al gobernador Morales.

El bochornoso manejo que hizo el gobierno de una entidad de años en Jujuy puede tener alcances aún mayores, que influirán directamente sobre la vida del jujeño de a pie. Se trata de las medidas de fuerza que la Asociación Bancaria seccional Jujuy va llevar a cabo el próximo jueves y que se extenderá a todas las entidades bancarias.

La situación podría tornarse aún más complicada porque hay posibilidades de avanzar con un paro de 48 horas para el jueves y viernes de la otra semana, sin recarga de cajeros, lo que se traduce en cuatro días sin poder realizar trámites en bancos y la imposibilidad de extraer dinero en efectivo de los cajeros automáticos.

Un reclamo legitimado por la propia justicia nacional que obliga a Morales a actuar antes de que miles de jujeños no puedan acceder a su dinero.