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El plan multimillonario del que no se rinde cuentas

Se conoce como “Jujuy Asiste y Reactiva”, fue lanzado el 20 de julio de 2018 y según el gobierno incluso supera a la emergencia alimentaria sancionada como ley a nivel nacional; se llevó al menos 2.000 millones de pesos, pero en los barrios aseguran que no se ve.

El plan “Jujuy Asiste y Reactiva” fue presentado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno el 20 de julio de 2018, con la presencia del gobernador Gerardo Morales, los ministros de Educación, Desarrollo Humano, Turismo, y un representante del Ministerio de Infraestructura. 

En su primera etapa, según las palabras del gobernador en ese momento, recibiría 527 millones de pesos, repartidos entre los distintos ministerios. 

Los objetivos que perseguía la iniciativa eran diversos: Reactivación de cooperativas de trabajo, cobertura alimentaria, asistencia a los sectores de la producción y el comercio, formación y capacitación en materia educativa y desarrollo turístico, entre otros.

Desde cuestiones puntuales como incrementar en 1000 el número de camas para el turismo hasta otras más generales y difíciles de constatar como es el “robustecimiento de condiciones para la mejora de aprendizajes”, el plan de contingencia generó toda clase de cuestionamientos, algunos de los cuales estuvieron vinculados a la discrecionalidad en el manejo de los fondos asignados a las distintas reparticiones.

Hoy, en el marco de un fuerte pedido en pos de que se declare la emergencia alimentaria, la defensa que hace el gobierno de este plan, aduciendo que es suficiente para hacer frente a la crisis, se contrasta con una marca crítica tanto de la oposición como de las ONGs respecto de que “Jujuy Asiste y Reactiva” fracasó porque no cumplió las metas que se plantearon.

En materia productiva se contemplaba el otorgamiento de líneas de financiamiento por sumas millonarias a pequeños comercios, despensas, drugstores, carnicerías, panaderías, librerías, emprendedores urbanos, artesanos, tabaco, ganadería, etc. Estaban previstos montos cercanos a los 60 millones de pesos  para sector pyme en general con una asistencia promedio de entre 20.000 y 250.000 pesos para cada una.

En alguna que otra oportunidad, el gobierno informó sobre ciertas entregas de crédito pero sin un detalle pormenorizado que  permita conocer a ciencia cierta el cumplimiento de estos objetivos. El alcance que tuvo es cuando menos discutible si se considera que en los últimos meses muchos negocios cerraron sus puertas.

Lo mismo ocurre con otras áreas como el turismo: el decreto dispone la creación de un fondo de 200 millones de pesos anuales destinados a créditos fiscales, “en el marco y con los requisitos y condiciones que apruebe el Ministerio de Cultura y Turismo”.

Los criterios con los que la cartera, que preside Federico Posadas, asignó o no los créditos son aún desconocidos. Tampoco se informó oportunamente quienes fueron beneficiados y por qué montos.

Si nos trasladamos al ámbito de la Educación, también surgen dudas respecto de otro objetivo inicial: “el fortalecimiento de herramientas para la destreza de alumnos del segundo ciclo, que comprende al cuarto y quinto año y en simultaneo se asistirá a jóvenes y adultos que tengan la necesidad de una formación de trabajo”.

Básicamente, se asumía el compromiso de “incrementar la oferta laboral provincial para jóvenes, adultos y estudiantes del ciclo superior de escuelas secundarias, ofreciendo trayectorias formativas complementarias, orientadas  a promover el conocimiento y las habilidades y destrezas específicas; y ampliando las acciones de formación socio laboral”.

Hoy no hay datos puntuales sobre esa implementación en el ámbito educativo.