“Fellner no puede decir que una obra así se realizó sin su conocimiento”

La autopista Jujuy-Yala fue calificada como la “autopista más cara del mundo” debido a los altos costos que se pagaron por la misma desde el inicio de su construcción en 2010 hasta la actualidad en que la obra aún no ha sido terminada.

Los millonarios fondos enviados desde la Nación para esta obra evidentemente no se volcaron en su totalidad a la construcción de la misma. La Justicia trata hoy de investigar qué es lo que pasó con esos fondos a raíz de una denuncia penal presentada por el bloue de diputados radicales en los Tribunales de Comodoro Py.

Sin embargo, los legisladores del actual oficialismo insisten en que a pesar de que los fondos eran enviados directamente desde la Nación, la “desaparición” de los mismos no podría haberse llevado a cabo de ninguna manera sin el conocimiento del ex Gobernador Eduardo Fellner.

La actual diputada nacional por el Frente Cambia Jujuy, Alejandra Martínez, manifestó al respecto a Radio 2 que “nosotros entendemos que el Gobierno de Fellner tenía que ejercer la función de control, pero por otro lado también ha intervenido la Dirección Provincial de Vialidad y, al intervenir cualquier organismo de la provincia, lo que corresponde es la rendición de cuentas, el control tiene que darse a conocer, por lo que no nos cabe dudas que el Gobierno de la provincia tiene responsabilidad también y los funcionarios que intervinieron directamente como el ex Ministro de Infraestructura, Fernando Frías, y también el anterior Director de Vialidad, Rodolfo Forbice”.

“El máximo responsable del gobierno no puede decir que una obra de estas características fue realizada sin su conocimiento”, sostuvo.

Asimismo, la legisladora nacional recalcó que “el Gobierno nacional dijo que va a terminar la autopista Jujuy-Yala por una denuncia penal presentada por el Frente Cambia Jujuy ante tribunales Comodoro Py. El Fiscal federal Domingo Batule giró el expediente a la Procuraduría general de la Nación”.

“Nosotros nos dirigimos vía internet al Poder Judicial y el último registro al que podemos arribar es al Juzgado Penal de Primera Instancia de Jujuy Nº 1, Secretaría Nº 2, es como que actualmente estaría en ese lugar, sostuvo”.

Y recordó que “esta es una denuncia que la impulsó el diputado Alberto Bernis y que acompañó el bloque diputados, que se hizo ante Comodoro Py y que por supuesto es un tema muy importante. Lo que me parece fudamental son dos cosas: una es que se termine la obra, estaba recordando un accidente terrible que ocurrió allí, son muy grandes las posibilidades de accidentes teniendo en cuenta cómo está la ruta, no hay que olvidar que la obra se empezó en 2010 y que tenía un plazo de obra de 24 meses, así que es una obra que tendría que haber estado terminada; la otra cosa que me parece central es la decisión del Gobierno de terminar la obra, que es muy importante para nuestra provincia”.

“Por otra parte me parece importante determinar si realmente hubo sobreprecio como nosotros estimamos y para eso estamos haciendo un trabajo muy serio, si alguien debe resolver es la Justicia, pero siempre es importante que haya un seguimiento”, señaló.

Consultada sobre la relación de este hecho con los casos de corrupción a nivel nacional también vinculados a la obra pública, Martínez indicó que “yo creo que este caso está absolutamente dentro de una matriz de corrupción que se realizó durante el anterior gobierno y eso nos llevó a realizar esta denuncia.

Creemos que bajo ningún concepto puede aceptarse sin tener toda la documentación que avale un monto de esa naturaleza, es hablar de precios exorbitantes. En 2010, cuando la obra empezó con la licitación, era una obra de 299 millones de pesos y al empezar la obra en diciembre de 2010 ya lo hace con un monto de 345 millones de pesos, que luego con la reactivación se extiende a 600 millones de pesos, con lo cual las cifras ya nos parecían un escándalo según nuestro parecer y por eso es que se decidió hacer la denuncia para que se realizara toda la investigación y también intervinieran todos los organismos de control del Estado, pedíamos que la Auditoría General de la Nación interviniera, incluso el propio Tribunal de Cuentas y todos los organismos que correspondan”.

“Al no tener una respuesta profunda de la Justicia, decidimos averiguar realmente qué es lo que pasa, cuál es la posición de la Justicia y en qué situación está este expediente”, finalizó.