Aumenta la luz y Gronda ataca a Nación y encubre a EJESA

Según señaló, la reducción progresiva de la energía subsidiada hará que una parte del consumo quede alcanzada por el beneficio y que el excedente deba pagarse a tarifa plena, con un impacto que podría ubicarse entre el 20% y el 25% durante octubre y superar el 30% en noviembre, dependiendo del consumo de cada usuario. Hasta allí, el mensaje es claro: la responsabilidad por el incremento se atribuye al nuevo esquema dispuesto por el Gobierno nacional.

Precisamente allí aparece la pregunta que la SUSEPU debería responder con la misma claridad: ¿qué está haciendo el organismo para defender efectivamente a los usuarios frente al conjunto de conceptos que terminan encareciendo sus facturas? Porque el problema de la tarifa eléctrica en Jujuy no parece agotarse en el precio de la energía.

Desde hace tiempo existen cuestionamientos por la incorporación en las facturas de tasas, impuestos y otros servicios, incluso el agua, conceptos que según los reclamos de los usuarios pueden representar una parte importante del monto final. Si esos cargos incrementan sustancialmente la factura, la discusión no puede limitarse a señalar quién decidió modificar los subsidios nacionales; también debe discutirse qué responsabilidad tienen la provincia, los municipios, la Legislatura, la empresa distribuidora y, fundamentalmente, el organismo que tiene entre sus funciones la defensa de los usuarios.

La pregunta es inevitable: ¿dónde está la SUSEPU cuando miles de usuarios reclaman que se revise integralmente la composición de sus facturas? ¿Dónde está cuando se plantea que determinados servicios o cargas sean incluidos en una boleta cuyo objeto principal es cobrar el suministro eléctrico? Y si, como se sostiene, existen más de 34 mil firmas reclamando por esta situación y por el congelamiento de las tarifas, ¿qué respuesta institucional recibieron esos ciudadanos? Las firmas y los reclamos ante la SUSEPU, la Legislatura y la Justicia no pueden convertirse simplemente en expedientes que nadie responde. En una democracia, un reclamo masivo exige una respuesta fundada, pública y verificable.

La discusión tampoco debería reducirse a una disputa entre Nación y provincia. Si el Gobierno nacional modifica los subsidios, corresponde analizar esa decisión; pero la SUSEPU no debería limitarse a explicar por qué aumenta una factura: debería determinar cuánto corresponde efectivamente al costo de la energía, cuánto a impuestos o tasas, cuánto a otros servicios y si cada uno de esos conceptos tiene respaldo legal y respeta los derechos del consumidor. Explicar el aumento no es lo mismo que defender al usuario frente al aumento; esa diferencia es central.

También merece una explicación la situación planteada respecto de la resolución nacional que busca impedir el cobro de tasas e impuestos ajenos al servicio dentro de las facturas. Si efectivamente la Secretaría de Energía de Jujuy promovió una acción de amparo contra esa medida, resulta legítimo preguntar cuál es la posición de la SUSEPU frente a ese conflicto y si su prioridad institucional es garantizar la transparencia y protección del usuario. No se trata de desconocer que municipios y provincia necesitan recursos, sino de algo elemental: que el ciudadano pueda distinguir claramente cuánto paga por la electricidad que consume y cuánto por otros conceptos. La transparencia debería ser una condición básica de cualquier sistema tarifario.

Por eso también debe analizarse la creciente percepción de una parte de la sociedad que considera que la SUSEPU actúa más como un engranaje de la estructura estatal que como un verdadero organismo de defensa del usuario. Esa percepción no debería responderse con discursos, sino con hechos: controles, auditorías, resoluciones, sanciones, informes públicos y respuestas concretas a los reclamos. Un organismo regulador demuestra su independencia cuando controla tanto al poder político como a la empresa regulada y defiende los derechos del usuario cuando corresponde.

Lo mismo vale para las denuncias que pesan sobre EJESA: una denuncia no equivale a una condena y no corresponde presentar como comprobado aquello que debe determinar la Justicia. Pero si existen actuaciones por presuntas irregularidades fiscales, administrativas o de cualquier otra naturaleza, el ciudadano tiene derecho a saber qué se investigó, qué organismo intervino y cuál fue el resultado. El silencio institucional alimenta la sospecha; la transparencia permite despejarla.

En definitiva, el problema no es solamente cuánto aumentará la luz en octubre o noviembre. El problema de fondo es quién controla la factura que llega a cada hogar jujeño y quién defiende al ciudadano frente a todos los componentes que determinan su monto final. Si una familia no puede pagar, poco le sirve saber que el aumento proviene de Nación si nadie revisa integralmente qué está pagando, por qué lo paga y quién decidió incorporarlo. Nación puede decidir sobre los subsidios, pero provincia, municipios, Legislatura, Justicia y SUSEPU también tienen responsabilidades concretas. Este ente, particularmente, debería estar en el centro de esta discusión, no como vocera de una empresa ni como defensora de una administración política, sino como organismo de control y garantía de los derechos de los usuarios.

Por eso la pregunta final sigue siendo inevitable: si miles de jujeños reclaman ante la SUSEPU, la Legislatura y la Justicia porque ya no pueden afrontar sus facturas, ¿quién está defendiendo realmente al usuario cuando la boleta llega a su casa y debe pagarla completa?