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Apuntan a la Auditoría General Provincial: "Será un órgano disminuido en funciones"

La titular de APOC criticó que la institución que dependerá de la Legislatura y tendrá funciones reducidas de control.

  • La titular de APOC, Susana Ustarez, comentó los artículos constitucionales que crean la Auditoría provincial.
  • Indicó que el nuevo organismo será estructurado políticamente, dependerá de la Legislatura, y tendrá funciones reducidas de control.

Hace una semana que la nueva Constitución provincial entró en vigencia luego de su controversial reforma, y un nuevo sector se sumó al rechazo a la misma, el del Personal de Organismos de Control.

Susana Ustarez, Secretaria General del la asociación de personal de estas instituciones a nivel provincial, dijo que con las modificaciones se intenta crear la auditoría provincial, organismo que reemplazará al Tribunal de Cuentas, será estructurado políticamente, dependerá de la Legislatura y tendrá facultades de control reducidas.

“Suponiendo que la Constitución está vigente y será aplicada, lo que dispone para el Tribunal de Cuentas es su desaparición como tal para crear mediante ley un nuevo organismo de jerarquía constitucional denominado “Auditoría General de la provincia”.

Tiene alcance limitado de control; el modelo del Tribunal de Cuentas tiene tres características que pierde al convertirse: la facultad de juzgar; no será un tribunal que juzga y aprueba o desaprueba, sobresee o condena por cuentas o responsabilidad de funcionarios. Esa facultad es propia y se pierde al convertirse”, explicó Ustarez.

Apuntan a la Auditoría General Provincial: "Será un órgano disminuido en funciones"

Asimismo, describió que “emite un dictamen o informe dirigido, ya no tiene una cúpula decisoria sino un colegio de auditores generales. El esquema ya no es plenario, tribunal, sino un colegio, más dirigido a lo contable que a lo legal pero con ribetes de ambas profesiones. Se emite un dictamen, un informe dirigido a la Legislatura, que debe generar una estructura para tramitarlo, y ellos juzgan, aprueban o desaprueban”.

Además, marcó que el nuevo organismo “tiene un funcionamiento politizado, y aunque se desearía que los cargos se tomen por concurso, son personas puestas por distintas gobernaciones que, con el paso del tiempo, se van autonomizando porque esos gobernadores ya no están en funciones. Van adquiriendo el grado de independencia para tomar decisiones”.

También pierde facultades sancionatorias: el Tribunal puede denunciar conductas violatorias de la norma o incumplimiento de deberes respecto de la rendición de cuentas”, añadió.

En relación a las instancias de control, Ustarez indicó que el Tribunal “tiene tres de ellas: antes de la gestión, durante (concomitante o auditoría), y rendición de cuentas, posterior a la gestión. La auditoría solo tiene dos instancias, pierde el control previo y solo se hace control continuo y posterior”.

“La Constitución solo se refiere a las atribuciones del nuevo organismo, sus funciones, pero no a su conformación o designación. Eso se establecerá mediante una ley específica, que se llamará ley orgánica, y será distinta a la que tenemos hoy en cuanto a autoridades. No sabemos quiénes serán las mismas y cómo se designarán, si se respetarán los actuales vocales presidenciales convertidos a otros cargos. Lo que entendemos es que seguirán siendo nominados por el Poder Ejecutivo con acuerdo legislativo”, continuó.

Además, recordó que “el movimiento internacional que dio lugar a estos cambios en 1990, con el que se transformó el Tribunal de Cuentas nacional en Auditoría General de la Nación y Sindicatura General de la Nación, luego produjo transformaciones en Ciudad de Buenos Aires y Salta. Esa onda internacional que produjo los cambios de Tribunales a Auditorías era del tiempo de privatizaciones de empresas donde el Tribunal de Cuentas sería un estorbo. Jujuy vivirá un proceso de generación de empresas y negocios y explotación de recursos y se completa el cuadro con un organismo de control disminuido en sus funciones”.

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