Gremios: Ceder ante la inestabilidad financiera del Gobierno

En el plano nacional, el alejamiento de Hugo Moyano de las huestes del Kirchnerismo, profundizó la brecha que había entre el gobierno y las entidades gremiales, a tal punto que la presidenta Cristina Fernández, cargó responsabilidad en los Sindicatos y en sectores del peronismo, por los saqueos ocurridos antes de navidad en distintos puntos del país.

Esta posición de la Presidenta fue avalada por el gobernador de la Provincia, Eduardo Fellner, quien estaba presente junto a la jefa del Estado y otros gobernadores kirchneristas como José Alperovich (Tucumán), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Alicia Corpacci (Catamarca), cuando afirmó que estos dos sectores eran los responsables de “desestabilizar” a los gobiernos.

La apreciación de la Mandataria no fue bien vista por los gremios, sobre todo en el interior del país donde muchas centrales obreras no están tan distanciadas como a nivel nacional y tampoco se pueden hacer cargo de los errores de los gobernantes.

La lucha sindical en la provincia de Jujuy, fue dispar durante gran parte del año. La Multisectorial conformada por el Sindicato de Luz y Fuerza, la Asociación Judicial, APOC, Personal de la Legislatura, Sitravip, UPCN y la Asociación Sindical de Empleados Públicos, planteó sus reclamos desde principio de año, sin resultados positivos, ya que la atención del gobierno se centró en el Frente de Gremios Estatales.

A finales de marzo, recién se pudo el Gobierno y Frente de Gremios Estatales pudieron acordaron un incremento salarial del 9 por ciento “a cuenta” de algún posible aumento que fije el Poder Ejecutivo Nacional para el año 2012.

El monto pareció irrisorio para los trabajadores, porque la inflación del 2011 había superado el 21% y se esperaba una mejor performance en cuanto a recomponer esa descompensación salarial que se había dado hasta ese momento.

El mínimo salarial se pautó en $ 2300, aclarándose que a nivel nacional el mínimo está pautado para una jornada laboral de 48 horas semanales, mientras que en la administración pública jujeña se trabajan solamente 30 horas a la semana.

En este primer acercamiento entre el Frente de Gremios y el Gobierno ya se dio una pauta de cuánto y cómo se manejaría las negociaciones por reivindicaciones laborales y salariales de los trabajadores del estado. También se dio muestra que la Multisectorial, un sector disidente del gremialismo no oficialista, estaría marginado de todo acuerdo.

Es de destacar que los docentes tantos primarios como secundarios, había alcanzado en febrero, antes de inicio del ciclo lectivo, un acuerdo salarial bastante más ventajoso, que permitió que las clases comenzaran con total normalidad en la provincia.

Con los gremios docentes, también se acordó, la conversión progresiva de los fondos que en 2011 se percibían en concepto del Fondo de Compensación Salarial (que provenía de Nación y que ahora es afrontado por la provincia), el respeto al piso salarial fijado en paritarias docentes nacionales y el abordaje de otras situaciones puntuales.

Hasta entonces, las pretensiones de las entidades gremiales de todo el país, tanto públicas como privadas, rondan un 30%.
En junio recién el Gobierno de la provincia ofreció elevar el piso salarial a 2.600 pesos y otorgar otro 9% de incremento con los haberes de junio, mientras que con los haberes de agosto se abonó el 2% restante para alcanzar así el 21% de la pauta salarial acordada a nivel nacional.

En realidad, todavía no se entiende de donde salió ese 21%, porque anteriormente se había otorgado un 9%, luego otro 9% y finalmente un 2% y claro que sumado da un 20%, aunque los dirigentes de los gremios estatales manifestaron su conformidad con lo propuesto por el Estado Provincial.

Se aclaró que con los haberes del mes de junio un 9% de incremento en carácter no remunerativo y bonificables. Además se estableció además que a partir del mes de junio el piso salarial es de 2.600 pesos  a cuenta, hasta tanto se reúna el Consejo Nacional del Salario.

Después de estos arreglos, el gremialismo en general se guardó al silencio, hasta que trascendió que la legislatura tenía en estudio dos proyectos que involucraba directamente a los trabajadores estatales.

El primero de ellos, relacionado con el pase a planta permanente de todo el personal inestable de la Administración pública. La idea parecía en principio ventajoso para los trabajadores, porque se le daría estabilidad laboral, pero a la vez dejaba una grieta para que ingresaran al Estado un sin número de “compromisos”  políticos que tiene el partido gobernante.

Pero el proyecto apuntaba a que debido al gran número de trabajadores que se iban a beneficiar con esta medida, para el gobierno significaba un ahorro sustancial de monto con conceptos de salarios, porque muchos de ellos al estar como contratados adquirieron cierta antigüedad que era percibida y otros estaban con contratos de obra que superaban holgadamente los salarios actuales. Al pasar a planta, lo hacían con una antigüedad mínima de un año y en categoría inicial, lo que significaba una merma en su salario, pero con la seguridad de poder hacer una carrera administrativa.

El otro proyecto fue el de la llamada “jubilación compulsiva”. La idea del gobernador Fellner es sacar del estado a más de 6000 trabajadores que están en condiciones de jubilarse, puesto que inicialmente no serían cubiertos, ya que hay una sobre población de personal en el estado.

Desprendiéndose de estos trabajadores, el gobierno reduciría sustancialmente los montos que se destinan al pago de los haberes. Pero no se tuvo en cuenta cómo y en qué condiciones se jubilarían estas personas, ya que al pasar al sector pasivo se le reduciría entre un 45 a un 50% de los haberes.

En ambos casos, los gremios se mantuvieron al margen de cualquier objeción, más allá de los tibios reclamos realizados ante los diputados, sobre todo de la oposición en la legislatura, que en este caso no tuvieron ninguna injerencia en la aprobación de ambos proyectos.

Cuando estaban aprobadas las dos nuevas leyes, recién los gremios salieron a manifestarse en contra, y en el caso de la Multisectorial a intentar declarar como inconstitucional la ley de jubilación.

También fue un fracaso de los gremios el pedido de la ayuda extraordinaria. Inicialmente se pretendía un monto de $ 2000 por cabeza, y se terminó cediendo en $ 700, a pagarse en dos cuotas a partir del 21 de enero.

En este sentido, los gremios de la vecina provincia de Salta, habían acordado ya en noviembre, el pago de esta ayuda extraordinaria en 1.050 pesos, pagadores en tres cuotas desde noviembre a diciembre.

Un hecho clave para el gremialismo, fue la reunificación de la CGT Jujuy, que gracias a un trabajo de su líder, Juan Carlos Martínez se logró integrar a un gran número de sindicatos que estaban distantes, sobre todos aquellos de extracción estatal que se sumaron a la entidad que logró mantener una cierta distancia de las divisiones que se produjeron a nivel nacional. Consiguientemente también quedó regularizada la situación de las 62 Organizaciones, que bajo el mando de Valerio Luna, acompañará la lucha gremial en el 2013.

La puja gremial, sobre todo en el sector docente, se dará muy pronto, posiblemente después de las fiestas, teniendo en cuenta que el estado nacional, ordenó el inicio de clases el 25 de febrero, fecha en que ya tendrá que ser acordado el nuevo aumento salarial y algunas diferencias que mantienen los docentes con el estado.