Excarcelaron al abogado Alberto Nallar, tras casi un mes detenido
- En la jornada del jueves 18 de agosto, liberaron al abogado Alberto Nallar.
- El letrado representa a comunidades aborígenes de Caspalá y de otras localidades jujeñas.
- Fue detenido el 13 de julio en su casa de El Carmen y le dictaron prisión domiciliaria por 20 días.
- Luego, la Justicia jujeña determinó extender por diez días más la prisión preventiva del abogado.
Después de permanecer casi un mes detenido, la Justicia jujeña este viernes 18 de agosto hizo lugar a la excarcelación del abogado Alberto Nallar, que había sido denunciado “instigación a cometer delitos” y "alzamiento público". El letrado, que representa a comunidades aborígenes de Caspalá y de otras localidades jujeñas, fue detenido el 13 de julio en su casa de El Carmen y le dictaron prisión domiciliaria por 20 días.
Antes de cumplido ese periodo, la Justicia jujeña, a través del juez de control, Rodolfo Fernández, determinó extender por diez días más la prisión preventiva del abogado.
No obstante, el pasado 12 de agosto expiró la primera prórroga impuesta a la detención de Alberto Nallar por el Juzgado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, a cargo de Roberto Fernández. "Hace cinco días que permanezco bajo privación ilegal de mi libertad porque vencieron los plazos de mi prisión domiciliaria", dijo a Salta/12 el abogado.
De esta manera en la jornada de hoy jueves 18, está previsto que el abogado se presente ante el juez Fernández para resolver su situación, sea que se defina por la libertad o por la continuidad de la privación de su libertad en prisión domiciliaria.
Paralelamente, ante la demora en la causa contra Nallar, Amnistía Internacional y Andhes presentaron ayer una solicitud de llamamiento urgente ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que este organismo intervenga a favor de Nallar.
La misma solicitud fue remitida también a la Relatoría Especial sobre los derechos a la reunión pacífica y de asociación, a la Relatoría Especial sobre independencia de los magistrados y los abogados, y a la Relatoría Especial sobre la liberta de opinión y de expresión. Las tres dependen de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.