El gobierno cierra el año con otro escándalo
El Sindicato de Trabajadores Sanitarios se movilizó al edificio de Alvear al 900 presentando numerosos reclamos hacia las autoridades de Agua Potable y el gobierno provincial. Sorpresivamente la secretaria general renunció ante "la negligencia y el ninguneo constante". La planta embotelladora en el centro de la polémica.
“Esto es nefasto, es un año muy triste para todos los trabajadores”.
Así comenzó su alocución con los cronistas de Radio 2 la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Sanitarios Yolanda Mamaní, mientras encabezaba una protesta frente al edificio de la empresa prestataria del servicio de agua potable.
A la espera de que las autoridades los convoquen a dialogar, la referente gremial expuso una gran cantidad de reclamos y críticas repartidas para el presidente de la empresa estatal Víctor Galarza y el gobernador Gerardo Morales.
Embotelladora: continúan las dudas en torno a la planta que funcionaría en el barrio Arenales y que según la secretaria general de los sanitarios “se crearía para beneficiar intereses particulares”.
Seguridad para los trabajadores hídricos: estarían en actividad vehículos en pésimas condiciones y equipamiento deficiente, recordando los accidentes con fatalidades ocurridos recientemente.
Indumentaria y calzado: denuncian deudas sobre la provisión de ropa desde el año 2016. “Están trabajando con zapatillas y la ropa rota. Todavía quieren sancionar a la gente por no tener uniforme”.
Despilfarro de fondos: Mamaní afirma que se ha derrochado fondos públicos sobre una consultora en seguridad e higiene “con gente sin experiencia y que no se presenta en obra alguna, solo persigue a la gente por el tema alcoholemia 0”.
Malos tratos y persecución: desde el sindicato habrían registrado múltiples casos de maltrato laboral, amonestaciones sin motivo, modificación de leyes laborales abusivas (supresión de horas extra).
Pagos en negro: como a lo largo del año, el gremio se manifiesta insatisfecho por las negociaciones paritarias, recordando el pago en negro del último aumento otorgado hace dos meses por la provincia.
Sobre la primera polémica presentada (la embotelladora): involucra una inversión reconocida por las autoridades de Agua Potable SE, que alcanzaría los 40 millones de pesos. Un proyecto planteado para casos de contingencia que se encuentra en fase de montaje.
Paradójico contraste entre un ambicioso plan de emergencia y la situación crítica que atraviesan localidades del interior, que aún en 2018 carecen del servicio básico de provisión de agua corriente.
Meses atrás las cámaras de Canal 2 exhibían la precaria situación del barrio Florida en la localidad periqueña de Las Pampitas, donde una manguera abastece de líquido vital a 300 familias.
Más reciente en el tiempo, mientras avanza el verano y aumenta la temperatura en Santa Clara, rozando por momentos los 40 °C, los vecinos siguen careciendo de las conexiones domiciliarias y recurren a canillas comunitarias o al histórico aguatero.
“¿Para quién es el negocio? A la gente hay que llevarle el agua por la cañería. Esto no tiene nada que ver con la empresa” reflexionó Yolanda Mamaní previo a presentar su renuncia pública mientras dialogaba en vivo con Radio 2.
La sorpresiva decisión, aún no radicada oficialmente, respondería al “hartazgo y la protección de su salud frente a la negligencia de las autoridades de Agua Potable y el gobierno de Morales”.