Administrar un Estado profesional no es lo mismo que una estancia privada

Tenemos funcionarios que no tienen plan, que no logran atenuar la espiral de violencia y que, para colmo, carecen de toda autoridad política porque ni siquiera manejan sus presupuestos. En Jujuy se ha heredado un esquema donde los ministros son meros decorados; figuras que tienen que poner la cara ante las crisis, porque la llave del cofre la tienen solamente dos personas: Morales y Sadir.

Es imposible que un gobierno funcione bajo el dictado de una planilla de Excel manejada por burócratas que se regocijan en el manejo discrecional de los fondos públicos mientras desconocen la realidad de un aula, de un hospital o de una comisaría.

Ese “éxtasis” del poder concentrado ha generado un apagón informativo donde nadie sabe nada de las utilidades de las empresas públicas ni de las regalías, pero todos ven la precariedad de los servicios. La credibilidad de la conducción de seguridad está pulverizada, y no se puede conducir una fuerza armada con una cabeza en la que nadie cree. Pretender que la realidad social se resuelva con un criterio administrativo de oficina, disponiendo de los recursos de manera arbitraria según la conveniencia del momento, es no solo una falta de profesionalismo, sino una irresponsabilidad criminal.

Mientras el gobierno siga menospreciando a quienes garantizan la paz social y siga sentado sobre una caja que no derrama en soluciones, la tensión no va a bajar, porque la calle no entiende de internas políticas, entiende de hambre, de falta de insumos y de una inseguridad que ya se cobró demasiadas vidas ante la mirada indiferente de quienes creen que el poder es un recurso propio y no una carga pública.

Hay que decir las cosas como son: un Estado no es una despensa familiar y mucho menos puede ser el juguete de dos personas que, encerradas en un despacho, pretenden manejar el destino de miles de jujeños con una frialdad técnica que asusta.

Lo que estamos viviendo es la perversión absoluta de la gestión pública, donde el poder concentrado en la figura de Morales y Sadir ha vaciado de contenido y de autoridad a cada uno de los ministerios. Es un delirio institucional pensar que alguien que solo mira columnas de ingresos y egresos pueda entender qué necesita un policía en una zona caliente del narcotráfico, qué insumos faltan en una guardia de hospital un sábado a la madrugada o por qué una escuela en la puna se cae a pedazos.

Al quitarles a los ministros la capacidad de manejo de su propia caja, les están quitando el arma fundamental para gestionar: la autoridad. Hoy un ministro en Jujuy es un administrativo de lujo, un vocero de malas noticias que tiene que poner la cara ante el conflicto social, pero que no tiene el poder de firma ni el recurso para dar una respuesta concreta, porque para comprar desde un patrullero hasta una tiza, hay que pedir permiso a los dueños de la chequera que están totalmente desconectados de la realidad.

Esta burocracia del “éxtasis” financiero, que se regocija en el control discrecional de los fondos mientras el resto de la administración pública mendiga soluciones, es lo que genera esta espiral de precariedad. No se puede conducir una provincia como si fuera una planilla de cálculo, porque la realidad no es lineal, la realidad duele, la realidad tiene hambre y tiene miedo. Cuando la decisión de inversión depende del humor o del criterio político de dos personas que no pisan el territorio ni conocen las especificidades técnicas de cada área, el resultado es el que vemos: reclamos permanentes, servicios que se degradan y una sensación de injusticia que recorre toda la escala social, desde el docente hasta el oficial de policía.

Es una gestión que se muerde la cola; ahorran en lo esencial para ostentar un orden fiscal ficticio, pero ese ahorro se paga con la vida, con la inseguridad y con un malestar social que ya no aguanta más manoseo. Mientras sigan creyendo que gobernar es solo sentarse arriba de la plata de los jujeños sin entender la sensibilidad de la demanda pública, Jujuy seguirá estancada en este autoritarismo administrativo que ningunea a los que saben y castiga a los que trabajan.