La ex mandataria enfrenta su tercer juicio por corrupción, mientras que es la primera vez que Máximo se sienta en el banquillo de los acusados. Ambos estuvieron conectados por Zoom. La investigación se centra en el mecanismo que habrían usado la empresa hotelera y la inmobiliaria para blanquear retornos de la obra pública.
A las 12.57 de hoy concluyó la primera audiencia del juicio oral que tiene como protagonistas a Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner. Ambos están acusados en el expediente conocido como Hotesur-Los Sauces, que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero a través de sociedades hoteleras y alquileres de propiedades.
En la lectura de los cargos, al diputado Máximo Kirchner "se le imputó haber tomado parte como organizador de una asociación ilícita dedicada a apoderarse de fondos públicos entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, cometiendo delitos de defraudación contra el Estado y lavado de dinero".
El diputado nacional habría tenido rol operativo clave: presidió Los Sauces S.A., la sociedad familiar, y coordinó la compra de inmuebles en Puerto Madero y hoteles en El Chaltén. Los fiscales remarcaron que, desde 2009, Máximo Kirchner conformó el quórum asambleario en soledad, aprobó balances y firmó personalmente los contratos de alquiler con las empresas de Báez, movimientos que explicaron el 88% de la facturación de la firma.
En el arranque del juicio Hotesur-Los Sauces, la Justicia lee la investigación impulsada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Según la acusación, se trató de "una maniobra ilícita ideada por Néstor y Cristina Kirchner" durante su estadía en el gobierno nacional.
Según la Justicia, ambos exmandantarios “aportaron el poder que la jerarquía y las facultades legales que su cargo le otorgaban y junto con otros funcionarios públicos que dependían de ellos: ministros, secretarios, subsecretarios y titulares de organismos descentralizados/autárquicos”.
Todos ellos se “valieron de la legitimidad de la que gozan los actos de un funcionario público, de las competencias y atribuciones de sus puestos, pusieron en marcha y sostuvieron una maquinaria eficaz para sustraer fondos del Estado a favor de Lázaro Báez, de Cristóbal López y de Carlos De Sousa quienes se encontraban —como privados— del otro lado de la maniobra criminal”.
Según la acusación, el objetivo de la maniobra era “justificar a través de actividades lícitas —hotelera e inmobiliaria— que las empresas que habían recibido los fondos públicos y otras firmas intermedias pertenecientes a los conglomerados societarios de los empresarios, canalizaran fondos hacia los ex mandatarios y sus hijos”.
